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Benavides Russi, José Luis

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Riesgos contractuales

2009, Benavides Russi, José Luis

La Ley 1150 de 2007 introdujo una importante modificación sobre la concepción de la responsabilidad contractual y el equilibrio financiero del contrato estatal. Los muy sonados diferendos originados en reclamaciones por desequilibrios financieros de contratos, en particular en los proyectos de concesión, la jurisprudencia incierta del Consejo de Estado y fallos contradictorios de laudos arbitrales en los que están en juego multimillonarias condenas al Estado auspiciaron que el legislador abordara de manera generalizada una política de riesgos contractuales.

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Contencioso contractual en Colombia. Flexibilidad del control e inestabilidad del contrato

2006-06-29, Benavides Russi, José Luis

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Cláusulas excepcionales, potestades públicas y poderes unilaterales de la Administración contratante: prerrogativas, derechos y cargas

2019, Benavides Russi, José Luis, Montaña Plata, Efraín Alberto

Los poderes unilaterales de la Administración contratante han estado cubiertos de un halo de incertidumbre por las dificultades de su concreción jurídica. Desde la Ley 53 de 1909 se establecía la obligación de incluir cláusulas penales y de caducidad en ciertos contratos de la Administración (arts. 4.º y 5.º). Pero en esa época la caducidad tenía un sentido genérico de terminación del contrato, según la acepción civil que sería recordada muchos años después por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en la época no existía aún la conceptualización jurídica del contrato administrativo, que comenzaba apenas a construir la doctrina francesa, y que sería estructurada con la obra de Péquignot sobre la Teoría de los contratos administrativos en los años cuarenta. Entre nosotros, la inclusión y ejecución de esas cláusulas estaban controladas por la jurisdicción ordinaria, por cuanto solo hasta 1964 surgiría la competencia del contencioso-administrativo para juzgar los litigios originados en contratos administrativos. ¿Contratos de la Administración o contratos administrativos? ¿Cláusulas particulares en contratos comunes o contratos especiales administrativos? Son interrogantes que podríamos formularnos hoy, retrospectivamente, pero que no suscitaban inquietudes en la época en la que, simplemente, las cláusulas eran impuestas por la ley en ciertos contratos de la Administración. La caracterización no fue clara, incluso mucho más tarde, en los primeros estatutos de contratación, porque los decretos ley 150 de 1976 (arts. 47 y 48) y 222 de 1983 (arts. 60, 61) confundían las cláusulas exorbitantes con las obligatorias.

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Influencia internacional en la contratación estatal

2017, Benavides Russi, José Luis, Montaña Plata, Efraín Alberto, Rincón Córdoba, Jorge Iván

La contratación pública es un campo particularmente sensible a la influencia internacional. Los recursos importantes destinados a los proyectos públicos, su alto porcentaje de impacto en la economía nacional, las complejidades técnicas o las precariedades presupuestales son algunos de los factores más visibles por los que se acude a las empresas extranjeras en la contratación. Desde la construcción del ferrocarril en el siglo xix hasta las asociaciones público-privadas de cuarta generación contemporáneas, pasando por la exploración y explotación petrolera, con sus cambios de modelos contractuales, los complejos hidroeléctricos, la extracción masiva del carbón, los modelos de contratos de joint venture en telecomunicaciones o las distintas generaciones de concesiones, son ejemplos de proyectos contractuales con alta participación extranjera. La seguridad jurídica para la atracción de contratistas y capital foráneos, así como la influencia de modelos internacionales y la cada vez más fácil circulación de información y documentación, hacen de la contratación pública uno de los temas más sensibles a la globalización jurídica. Pero, al mismo tiempo, en la influencia internacional también es tema sensible la corrupción. Las mismas razones de importancia económica y atracción de inversionistas auspician los delitos transnacionales, que han salido a la superficie con tanta amplitud en época reciente, con trascendencia e implicaciones igualmente transnacionales.

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¿Existen aún prerrogativas públicas en el contrato administrativo?

2018, Benavides Russi, José Luis, Castaño, Daniel

El contrato administrativo clásico (de origen francés) se caracterizó por la presencia esencial de prerrogativas de poder público de la administración contratante. La evolución de la práctica del contrato (y tal vez incluso desde siempre) ha mostrado la relatividad de la oposición de esta condición frente al contrato comercial. Las distintas manifestaciones clásicas de las prerrogativas extracontractuales de la Administración (control, sanción del incumplimiento, modificación y terminación unilaterales), inherentes al contrato, aún sin texto que las estipule, ceden frente a la reforzada necesidad de incluirlas con estrecha definición en el contrato. Con fundamento en reglas constitucionales de habilitación de poderes unilaterales o con dinámicas del mercado que exigen seguridad jurídica, la Administración ve cada vez más enmarcados sus poderes en el contrato. Por su parte, el derecho comercial exige mayor dinamismo, y las tendencias y reformas se orientan al unilateralismo contractual, que le reconoce poderes directos al acreedor, con exigencia reforzada de un debido proceso. La aproximación de los dos contratos, administrativo y comercial, revela su carácter instrumental al servicio de valores públicos y privados cambiantes.

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Ley y reglamento en contratación pública

2007, Benavides Russi, José Luis

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Contratos públicos : estudios

2014, Benavides Russi, José Luis

La publicación que el lector tiene en sus manos reúne diversos artículos escritos en los últimos años sobre el tema de la contratación pública. La volatilidad legislativa y reglamentaria en la materia hace que la mayoría de libros se ocupen del seguimiento de la normatividad aplicable a los contratos de la administración, tanto los regidos por el Estatuto General de Contratación (Ley 80/93) y sus modificaciones como también los regulados por normatividad especializada en variados campos y regímenes particulares. Esta labor de actualización jurídica, sin duda esencial, aplaza con frecuencia el tratamiento de temas transversales que, con independencia de la regulación cambiante y la especialización normativa, plantean problemas importantes de la contratación.

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Régimen jurídico del servicio de salud asumido directamente por el Estado

2021-09, Benavides Russi, José Luis, Rincón Córdoba, Jorge Iván, Cabezas Manosalva, Nicolás

En la estructura de la Ley 100 de 1993, el servicio público de salud es prestado por las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que, en el caso de las públicas, corresponde a los hospitales, organizados en empresas sociales del Estado (ESE). La apertura del sistema de salud al sector privado introdujo la concurrencia y competencia de actores privados y públicos en la prestación del servicio, razón por la cual la misma ley estableció el régimen jurídico de derecho privado en la contratación de las empresas sociales del Estado (art. 195.6). ¿Podría deducirse de ello que el régimen jurídico del servicio de salud prestado por estas empresas es igualmente de derecho privado? En principio, la respuesta sería afirmativa.

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Tendencias generales de la contratación pública en América Latina

2016, Benavides Russi, José Luis

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Tribunal y recursos especiales de contratación pública

2019, Benavides Russi, José Luis, Lozano, Germán, Covilla Martínez, Juan Carlos