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Algunas instituciones de derecho civil para la protección ambiental

Interdisciplinarity is a key element in environmental protection. This involves interaction not only between different spheres o knowledge, natural sciences, economic, political, social, legal, etc., but also within the framework o the law that regulates the management, preservation and recovery o the environment. The importance o the objective pursued in this matter requires consistency, coordination and consistency between the different branches o the legal system in order to unify the regulation o environmental protection from the different legal fronts. As with any other branch o law, civil law and environmental law must also be predicated on harmonized interaction. The basic idea o this paper is to analyze whether there are institutions in the civil law area that can contribute to the legal protection o the environment.

Análisis del decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible

Después de mucho debatirse en Colombia la necesidad de realizar un esfuerzo por avanzar en la seguridad jurídica, mejorar la calidad de las normas y simplificar para el ciudadano la consulta de las reglas de comportamiento, al gobierno nacional se le ocurrió comenzar por la unificación de las prescripciones contenidas en los decretos reglamentarios en todos los sectores de interés de la sociedad. En materia ambiental esta codificación quedó incluida en el Decreto 1076 de 2015. Sin embargo, este ensayo devela las dificultades que esta única reglamentación aún debe superar para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se trazaron en el Documento Conpes 3816 de 2014, acordado para definir una política pública destinada a mejorar la normativa y cumplir con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde); al fin y al cabo lo que se debe lograr es mejorar la administración de la economía, implementar políticas públicas, y corregir y estimular los comportamientos positivos de los miembros de la sociedad.

Análisis del origen del proceso sancionatorio ambiental por infracción normativa. Propuestas

La Ley 1333 de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental vigente para Colombia, cumple diez años de aplicación. En ese lapso se ha recopilado información estadística que permite evaluar, desde el análisis de las infracciones por violación normativa, si esta labor de gestión basada en la vigilancia y el control ha sido eficaz y efectiva. Las actividades de vigilancia y control de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que hacen parte de un numeroso grupo de entidades ambientales y entes territoriales con funciones ambientales, pueden estarse distrayendo del principal objeto legal que tienen: la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. Y todo por estar privilegiando en algunos casos la vigilancia normativa y el impulso de procesos administrativos sancionatorios antes que procurar que los ciudadanos usen legalmente los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales, o den manejo adecuado a los impactos generados por sus obras o proyectos. Para corregir y evitar en lo sucesivo este yerro se propone un cambio en la visión administrativa, se hace una crítica a la política pública sectorial, y se plantean alternativas de acción focalizadas en las causas de las infracciones ambientales.

Aspectos ambientales de la prestación de los servicios públicos domiciliarios

El aumento del nivel del mar en el Acuerdo sobre Cambio Climático de 2015

Uno de los efectos más alarmantes derivados del calentamiento global, especialmente para países costeros e insulares con un nivel de desarrollo no avanzado, es el aumento del nivel de los océanos. De acuerdo con los últimos informes del ipcc, este se ha incrementado en veintitrés centímetros en el curso del último siglo y el proceso manifiesta una tendencia a la aceleración. Las consecuencias del aumento van desde pérdidas de ecosistemas, erosión de las costas, inundaciones, aumento de tormentas y huracanes, salinización de reservas de agua subterránea, hasta la misma desaparición de países enteros, con los efectos sociales que esto supone para los grupos humanos afectados. Por tanto, es importante analizar los resultados de la Cumbre de París sobre Cambio Climático de 2015 en esta materia y qué derechos y obligaciones comportan para Colombia.

Áreas protegidas en los territorios líquidos de Colombia. Estrategias de protección ambiental en espacios marinos y oceánicos

A partir de los años sesenta del siglo xx Colombia dio inicio a un proceso de delimitación y alinderamiento de espacios naturales que en razón de su singularidad ecológica debían ser preservados. Si bien es cierto, la gran mayoría de dichos espacios corresponde inicialmente a territorios continentales, no es menos cierto que de igual manera áreas costeras y posteriormente oceánicas, se han ido incorporando al catálogo del patrimonio natural jurídicamente tutelado. Las políticas nacionales en materia de mares y océanos han demarcado un norte en ese sentido, y actualmente, una vez acogidos dichos espacios a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), se afianza y concretiza una política pública estructurada de protección. Este trabajo de investigación, resultante del proyecto “Procesos de Territorialización del Caribe Colombiano”, presenta un análisis de carácter jurídico en el que se abordan los factores históricos que dieron origen a nuestra actual política de protección de espacios marinos y oceánicos, así como el estudio de la normativa desarrollada en las últimas décadas y las perspectivas futuras que definen el devenir de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esa materia.

Competencias de los municipios en materia de conservación de la biodiversidad

Conflictos ambientales en territorios de comunidades indígenas en Colombia

El derecho ambiental ha venido evolucionando notoriamente en la legislación colombiana, debido a las necesidades de conservación, uso, aprovechamiento y restauración de los diferentes recursos naturales existentes en la geografía nacional, su diversidad, los servicios eco-sistémicos que estos ofrecen, así como la creciente generación de litigios de origen ambiental, en donde se ven involucrados diferentes partes, entre las que se encuentran las comunidades indígenas. Por tal razón, la legislación colombiana ha previsto mecanismos de carácter preventivo y correctivo que buscan resolver los conflictos ambientales en estos territorios, aunque a pesar de la existencia de esos mecanismos, prevalecen sin resolverse algunas situaciones en las cuales las comunidades indígenas se oponen a determinados proyectos por considerar que atentan contra sus intereses o sus principios, y en general, porque pueden llegar a poner en riesgo la sostenibilidad ambiental, ya que no tienen en cuenta su forma propia de ver la vida y la relación con la naturaleza. Así las cosas, se presenta como alternativa un instrumento económico o financiero que permita evitar y gestionar estos conflictos ambientales.

¿Cómo garantizar la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en el procedimiento sancionatorio ambiental?

Este artículo presenta un análisis del procedimiento sancionatorio ambiental actual en Colombia, y cuestiona la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en la medida en que la autoridad ambiental viene actuando como juez y parte. De manera que se proponen soluciones a corto y largo plazo para corregir la tensión existente entre el sistema actual y las garantías constitucionales y legales del individuo a ser juzgado por una autoridad administrativa autónoma, independiente e imparcial.

Derecho de aguas y minería en Colombia

El agua es un recurso natural de tal importancia, que sus múltiples usos resultan esenciales para el desarrollo de la vida, tal y como la concebimos hoy. Es por ello que en el marco de la investigación Minería y Desarrollo realizada por la Universidad Externado de Colombia, resulta necesario abordar la relación del recurso hídrico y la actividad minera. Esta relación compleja, debe identificarse desde dos puntos de vista, desde los impactos generados por las actividades de minería ilegal y en segundo lugar desde las actividades generadas en el marco de una actividad controlada por la administración. Teniendo en cuenta que los asuntos relativos a la minería ilegal, se analizan en profundidad en otro texto de esta misma obra, aquí nos centraremos en las actividades desarrolladas en el marco de la legalidad.

Los derechos adquiridos frente a la protección del medio ambiente : análisis de dos casos puntuales

La figura de los derechos adquiridos, de carácter eminentemente civil, ha sido ampliamente estudiada por la doctrina, pues su alcance ha servido para determinar los efectos de las leyes en el tiempo, establecer la protección de derechos individuales y procurar la seguridad jurídica. A su vez, la consolidación de la protección ambiental como una de las finalidades del Estado ha impuesto un cambio de paradigma en la forma de ver las relaciones entre el Estado mismo, los particulares y el medio ambiente. Así, este artículo expone la forma en que la tradicional figura de los derechos adquiridos, emblema de la garantía del derecho de propiedad, se ha visto afectada o modificada por decisiones encaminadas a proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

La estrategia regional de biodiversidad de la CAN y su incidencia en el ordenamiento territorial ambiental de los países miembros

En el escenario de la Comunidad Andina de Naciones nació la Estrategia Regional de Biodiversidad. Fue creada a raíz de preocupaciones generalizadas en el nivel internacional de generar compromisos que se pudieran materializar con el fin de garantizar la protección de la biodiversidad y cómo poder utilizarla de manera sustentable. Si bien los países miembros han desarrollado estrategias nacionales de biodiversidad, es necesario crear una respuesta desde un ámbito directo que tenga la potencialidad de hacer un impacto más significativo en la mencionada protección: el ordenamiento territorial, donde existen herramientas tales como el Plan de Ordenamiento Territorial, que incluyen objetivos, políticas, metas y programas que pueden adaptarse, según los lineamientos andinos, para una correcta utilización del suelo respetuosa con la diversidad biológica.

Funciones ambientales de los departamentos en Colombia

Los departamentos son entes territoriales creados constitucionalmente, con la función primordial de ser intermediadores entre la Nación y los municipios a fin de alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, se les ha otorgado funciones a nivel constitucional y legal entre las que figuran los temas medio ambientales. Así, dentro del Sistema Nacional Ambiental –SINA– se establecieron funciones ambientales para los departamentos como entes territoriales, razón por la cual en el presente documento se revisan jurídicamente las funciones que en esa materia se les ha otorgado, así como la gestión adelantada al respecto.

La importancia de implementar el turismo sostenible en las reservas de biosfera colombianas

El turismo sostenible se ha convertido con el transcurrir de los años en una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial. Muchos países han implementado diferentes estrategias en áreas de especial protección como las reservas de biosfera, designadas por la UNESCO como tales debido a las características sociales, económicas y ambientales que ostentan. Sin embargo, a pesar de tener designadas hasta el momento cinco reservas de biosfera en Colombia el turismo sostenible no se ha convertido en una de las actividades económicas prioritarias para el desarrollo sostenible de la región, ni mucho menos ha sido visto como la mejor forma para cumplir con los objetivos para los que estas reservas de biosfera fueron creadas.

Importancia de una estrategia bilateral para prevenir el daño medioambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower por los efectos del fallo de La Haya

Instrumentos jurídicos, económicos y sociales para la protección ambiental : áreas protegidas y pago por servicios ambientales

First of all, this document includes a complete analysis about the protected areas figure as a legal instrument for the protection of the Colombian environment legal system, besides constitutional and legal background. in the same way the classification of protected areas and their current state of operation will also be presented. Additionally, the environmental services provided by nature will be under examination, as well as their definition and classification by the international and national authorities. However, it's also matter of subject the economic impact of these environmental services of the protected areas in the Colombian market. Secondly, the payment for environmental services figure will be analyzed as an economic and social instrument to promote the sustainable use of natural resources. Furthermore, the application of these figures as a way to solve social problem within our territory will be matter of discussion. Finally, some considerations are going to be made about the instrument of payments for environmental services and its practical effectiveness.

La licencia ambiental como condición prevalente para evitar el daño

¿Licitaciones públicas sostenibles? Presupuestos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El concepto de sostenibilidad ha ido evolucionando paralelamente al desarrollo histórico y científico, y a la interpretación más cómoda de quien lo invoca. No obstante, más allá de su relación con el medio ambiente, su realidad exige un plan de acción orientado a la reducción de las desigualdades y la garantía del bienestar. En ese proceso la licitación representa un instrumento capaz de encaminar ese plan de acción. De ahí que diferentes iniciativas han intentado diseñar proyectos, vinculantes o no, que dan relevancia a la idea de sostenibilidad en las licitaciones. El problema radica en las amplias lagunas y dificultades interpretativas de la sostenibilidad, la falta de precisión de los parámetros e instrumentos que designan su implementación y su relación exclusiva con procesos contractuales amigables con el medio ambiente. Por tal razón, a partir de una metodología deductiva y comparativa, el presente trabajo tiene por objetivo analizar el panorama jurídico de las licitaciones sostenibles a la luz del carácter multifacético de la sostenibilidad, proponiendo algunas herramientas encaminadas a su implementación en atención a los ods. Al final se concluye que el poder normativo de la sostenibilidad dependerá del estatus otorgado en los diferentes ordenamientos jurídicos, bien sea explícito o implícito (1), su concepción no puede ser exclusiva de un plan ecológico o ambiental de contratación (2), debiendo superar también su entendimiento económico actual de producción y consumo (2.1), valorando criterios sociales, éticos y culturales presentes en las licitaciones (2.2). En cuanto a su aplicación, los actos administrativos contractuales deben ser cautelosos y logísticos en su motivación, optando por una actividad de gobernanza administrativa técnica, científica y de control (3), para que la selección de la propuesta más ventajosa para el desarrollo sostenible instrumentalice herramientas de mejora regulatoria (3.1), se incorporen programas de compliance a los procesos contractuales, y se reconozca, bajo la promoción de la resiliencia, un mayor control, monitoreo y valoración del entorno, las alteraciones y las variaciones de la licitación (3.2); finalmente, para alcanzar los ods a través de las licitaciones, los diferentes ordenamientos, principalmente latinoamericanos, podrían dialogar con otros instrumentos normativos, incluso entre países.

Las medidas cautelares en la acción popular y el incidente de desacato : caso del derecho colectivo a un ambiente sano

En la Ley 472 de 1998, se excluyó un ingrediente normativo esencial para garantizar el deber constitucional de proteger los derechos colectivos, como lo es fijar un término para que el Juez se pronuncie para resolver el incidente de desacato cuando se dictan medidas cautelares en el trámite de las acciones populares, por lo que se presenta una omisión legislativa relativa. En este sentido, es necesario que las actuaciones del Juez Popular cumplan con el concepto de “debida protección” componente del Derecho de Acceso a la Administración de Justicia. Por lo que es necesario que sus acciones, especialmente las relacionadas con la protección del derecho colectivo del medio ambiente, sean en oportunidad asegurando la prevalencia del derecho sustancial. Por lo anterior, al evidenciar la omisión legislativa relativa, debe buscarse subsanar la omisión, con el fin de proteger de manera efectiva los derechos colectivos y dar cumplimiento del principio de progresividad, ampliando las dimensiones de protección de los derechos.

¿La normativa forestal colombiana tiene las herramientas jurídicas para materializar los mecanismos REDD+?

Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha liberado cantidades considerables de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero alterando ostensiblemente el sistema climático de la tierra. El presente proyecto de investigación tiene como propósito, determinar la procedencia de los mecanismos REDD+ en el cuerpo normativo forestal con el objetivo de facilitar la implementación de proyectos que luchen contra las causas de deforestación y degradación, las cuales originan las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Desde ese cuadro de acción, se concluye que los mecanismos REDD+ como instrumento de mitigación de cambio climático, contribuyen a la estabilidad de las capas forestales, generan opciones alternativas de empleo para las comunidades locales y, promueven condiciones propicias para adecuar físicamente y ambientalmente el territorio a través de la gestión y ordenación forestal mediante las disposiciones de jurídicas y de política ambiental en materia forestal.