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El alcance de la sentencia su-095/18 y sus efectos jurídicos, sociales, económicos y ambientales sobre la actividad minera en Colombia

El tema de la explotación minera en Colombia ha sido objeto de diferentes debates ciudadanos que en razón a su importancia y alcance frente a la protección de derechos colectivos como el medio ambiente, y derechos particulares como lo es a la vida y a la salud, han llegado a instancias judiciales en donde las altas Cortes como lo es la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han manifestado al respecto, dirimiendo aspectos como lo es el de la consulta popular, mecanismo usualmente empleado por la ciudadanía frente a temas mineros con la finalidad de limitar la explotación minera y salvaguardar entre otros, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad la salud y la vida; sin embargo, la jurisprudencia a pesar de reiterar la importancia de estos factores para el ser humano, también ha contrapuesto el limite que tiene este mecanismo frente a asuntos que no pueden ser decididos por la ciudadanía como es el caso al uso del subsuelo, el cual le pertenece a la nación, siendo un debate que conllevó a que la Corte Constitucional ordenara al legislativo a regular al respecto estableciendo mecanismos de armonización en donde sean compatibles la explotación minera como actividad económica del país que proporciona grandes ingresos, así como también la protección al medio ambiente y los recursos naturales.

Análisis del origen del proceso sancionatorio ambiental por infracción normativa. Propuestas

La Ley 1333 de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental vigente para Colombia, cumple diez años de aplicación. En ese lapso se ha recopilado información estadística que permite evaluar, desde el análisis de las infracciones por violación normativa, si esta labor de gestión basada en la vigilancia y el control ha sido eficaz y efectiva. Las actividades de vigilancia y control de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que hacen parte de un numeroso grupo de entidades ambientales y entes territoriales con funciones ambientales, pueden estarse distrayendo del principal objeto legal que tienen: la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. Y todo por estar privilegiando en algunos casos la vigilancia normativa y el impulso de procesos administrativos sancionatorios antes que procurar que los ciudadanos usen legalmente los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales, o den manejo adecuado a los impactos generados por sus obras o proyectos. Para corregir y evitar en lo sucesivo este yerro se propone un cambio en la visión administrativa, se hace una crítica a la política pública sectorial, y se plantean alternativas de acción focalizadas en las causas de las infracciones ambientales.

Aproximación al impacto legal de la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia desde la teoría de la escalera de participación pública

En el año 2019 el Gobierno colombiano firmó el Acuerdo de Escazú, entendido como uno de los instrumentos de carácter internacional más importantes al promover el acceso a la información, justicia, participación ciudadana y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El mecanismo se caracteriza por su carácter vinculante para la región de América Latina y el Caribe emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). En este contexto, este artículo pretende realizar un diagnóstico de las implicaciones legales que traería la ratificación del Acuerdo de Escazú, para así determinar desde el modelo de la Asociación Internacional para la Participación Pública, los posibles impactos de su implementación en el ordenamiento jurídico y escenarios de acción para el Estado.

Aspectos ambientales de la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Áreas protegidas en Colombia, definición, propiedad y bases constitucionales para su protección

This article intends to analyze the current constitutional and jurisprudential framework protected areas in Colombia, as well as their perspectives protection, including some clarifications made by the jurisprudence in this regard.

La caducidad de la acción sancionatoria administrativa ambiental, particular énfasis en el caso de las ocupaciones de cauce

This article presents an analysis of the status of limitations under the current environmental sanction regime by proposing two different stages, on the one hand, the term for the initiation of the investigation, and on the other hand, the term for the termination of the investigation. Moreover, this article also analyses the application of the status of limitation with respect to the constructions built without a riverbed occupancy permit before the enactment of Law 1333 of 2009.

Características generales y clasificación de los trámites ambientales

Cualquier introducción al derecho ambiental que rige en Colombia debe pasar por el conocimiento del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Allí encontrará desde el principio (art. 3.º) la lista de recursos naturales y los elementos ambientales que comprende. Y muy pronto también hallará la manera como esa compilación básica establece los modos para adquirir el derecho a usar los recursos naturales y demás elementos ambientales que, por ser de dominio público, requieren de previo trámite administrativo ante el Estado y expresa autorización. Sin embargo, es curioso que tal cúmulo normativo no se haya detenido en conceptualizar cada modo y cada procedimiento para esos efectos. Que tampoco lo haya hecho para precisar detalles de cada uno y clasificarlos. Y menos, que haya sistematizado la manera como en las sucesivas reglamentaciones o desarrollos normativos esas disposiciones generales se hayan respetado. En este corto escrito, se pretende corregir tales yerros. Y se hace con la intención, no de agotar la investigación acerca de los modos de adquirir en Colombia el derecho de uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales sino, por el contrario, de estimular mayores investigaciones para que ello conduzca a mejores fórmulas jurídicas de prevención y resolución de los conflictos sociales como extenuante esfuerzo de un derecho verdaderamente científico-social. Esta es una exposición sintética y clara de los tipos de modos para adquirir el derecho de uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales, las definiciones y características de cada uno, las clasificaciones posibles de los mismos y las sugerencias, no solo para continuar investigando en esa área, sino para ahondar en el esfuerzo, de forma que desde lo ambiental la ciencia jurídica rescate su esencia como área del conocimiento social. Aboga por tener insumos para enfrentar con mayor éxito las tendencias reformadoras del régimen ambiental, que si bien son necesarias para contextualizarlo y ponerlo a tono con el conocimiento científico más actualizado, también corre el riesgo de fracasar en el intento de ser más coherente y aplacar los conflictos crecientes.

Conflictos ambientales en territorios de comunidades indígenas en Colombia

El derecho ambiental ha venido evolucionando notoriamente en la legislación colombiana, debido a las necesidades de conservación, uso, aprovechamiento y restauración de los diferentes recursos naturales existentes en la geografía nacional, su diversidad, los servicios eco-sistémicos que estos ofrecen, así como la creciente generación de litigios de origen ambiental, en donde se ven involucrados diferentes partes, entre las que se encuentran las comunidades indígenas. Por tal razón, la legislación colombiana ha previsto mecanismos de carácter preventivo y correctivo que buscan resolver los conflictos ambientales en estos territorios, aunque a pesar de la existencia de esos mecanismos, prevalecen sin resolverse algunas situaciones en las cuales las comunidades indígenas se oponen a determinados proyectos por considerar que atentan contra sus intereses o sus principios, y en general, porque pueden llegar a poner en riesgo la sostenibilidad ambiental, ya que no tienen en cuenta su forma propia de ver la vida y la relación con la naturaleza. Así las cosas, se presenta como alternativa un instrumento económico o financiero que permita evitar y gestionar estos conflictos ambientales.

El control de convencionalidad en materia ambiental aplicada por los jueces del Departamento del Choco, para la protección de la minería ancestral y artesanal en sus dimensiones individuales, sociales y colectivas

La presente investigación, se enfoca en determinar, cuales son los efectos del control de convencionalidad en materia ambiental, aplicado por los jueces del Departamento del Chocó, como mecanismo de protección del derecho al medio ambiente, ante las implicaciones de la minería ancestral y artesanal en sus dimensiones individuales, sociales y colectivas, en el marco temporal comprendido entre los años 2013 y 2018. Para estos efectos se entiende por control de convencionalidad, la obligación que tienen los operadores judiciales y todas las entidades que cumplen funciones públicas en cada uno de los Estados Partes, que conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH), de efectuar no solo un control de legalidad y de constitucionalidad, en el marco de su derecho interno, sino también el de integrar a la resolución de los asuntos de su competencia, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como valor supremo de protección y reivindicación de los derechos de los sujetos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia; por ello, para el caso que nos ocupa, cobra relevancia el estudio del control de convencionalidad desde la perspectiva de las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, y mestizas afrochocoanas, que pueden ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia del desarrollo de la minería que se práctica en el Departamento del Chocó. Con este objetivo se tomará especialmente en cuenta la caracterización económica del Departamento del Choco, zona, por vocación de tradición estratégica minera, que se constituye en el motor central del desarrollo económico regional.

¿Cuál es el alcance normativo del servicio especial de aseo? Reflexiones en torno a su aplicación a la gestión de residuos peligrosos (RESPEL)

Se especula respecto del alcance jurídico del concepto del servicio especial como modalidad de prestación del servicio público domiciliario de aseo; incluso, se argumenta la posibilidad de gestionar a través de él los residuos o desechos peligrosos. Sin embargo, es impreciso aplicar esa figura a la gestión de los residuos peligrosos (RESPEL) por dos razones: 1) porque desde hace más de una década el Consejo de Estado declaró nula la diferencia que por años se gestó en torno al servicio ordinario y al servicio especial de aseo, y 2) porque en torno a los residuos peligrosos ha surgido una dinámica ambiental de gestión que la aparta de la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Los derechos adquiridos frente a la protección del medio ambiente : análisis de dos casos puntuales

La figura de los derechos adquiridos, de carácter eminentemente civil, ha sido ampliamente estudiada por la doctrina, pues su alcance ha servido para determinar los efectos de las leyes en el tiempo, establecer la protección de derechos individuales y procurar la seguridad jurídica. A su vez, la consolidación de la protección ambiental como una de las finalidades del Estado ha impuesto un cambio de paradigma en la forma de ver las relaciones entre el Estado mismo, los particulares y el medio ambiente. Así, este artículo expone la forma en que la tradicional figura de los derechos adquiridos, emblema de la garantía del derecho de propiedad, se ha visto afectada o modificada por decisiones encaminadas a proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

Descarga de sedimentos a cuerpos de agua superficiales. Análisis de criterios jurídicos condicionantes de la actividad de vertimientos aplicables en la generación de energía en los embalses de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P.

La presente investigación pretendió comprender si lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015 en materia de vertimientos, es aplicable a la gestión de los sedimentos provenientes del dragado y descargas de fondo de los embalses Cameguadua y San Francisco empleados para la generación de energía en la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.E.S.P-CHEC. Para ello se realizó un estudio de caso desde el cual se analizaron los criterios jurídicos aplicados por las autoridades ambientales en atención al caso CHEC, identificando que históricamente las descargas de sedimentos a los cuerpos de agua receptores han sido entendidas como vertimientos. Este análisis evidenció la dificultad de CHEC para ajustarse a la normatividad de vertimientos, igualmente los acercamientos de otras empresas del sector con esta misma necesidad, lo que ha permitido a la autoridad ambiental vislumbrar la limitación para la aplicación de dicho marco normativo e iniciar conjuntamente con las empresas la construcción de una línea base de información que oriente al legislador respecto de la construcción de un marco normativo para la gestión de sedimentos, de forma diferenciada del marco normativo y regulatorio de los vertimientos.

Desconexión energética, ambiental y cultural en el territorio Wayuu

La puesta en práctica de proyectos energéticos en el territorio wayuu pone de manifiesto desconexiones ontológicas e interculturales. La desconexión ontológica se presenta por las discrepancias conceptuales entre las diversas formas de comprender y actuar en el territorio, mientras que, las desconexiones interculturales responden a las dificultades que impiden que la interacción entre culturas diversas sea mediada por el diálogo entre ellas. Por lo tanto, se identifican las desconexiones más relevantes en este escenario.

Efectividad de la multa como instrumento sancionatorio ambiental. Análisis del monto máximo imponible y la capacidad económica del infractor como criterios sustanciales

El procedimiento sancionatorio ambiental establecido en Colombia le permite a los titulares de la potestad sancionatoria imponer a los infractores multas diarias hasta de 5.000 smlv; desde el punto de vista doctrinal se ha considerado que la multa debe cumplir un fin preventivo, y para lograrlo el monto debe ser lo suficientemente perjudicial como para lograr fines de prevención general e individual. Del mismo modo, según una de las metodologías definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para calcular las multas en materia administrativa ambiental se deben tener en cuenta diversos criterios que permitan individualizar la sanción, así como las particularidades de la infracción y del sujeto que ha violado la norma o ha generado un daño ambiental. Este documento procura identificar si el monto máximo de la multa es suficiente para lograr la efectividad del procedimiento sancionatorio y si los criterios dispuestos por la Resolución 2086 de 2010 resultan idóneos para conocer la capacidad económica del infractor.

La efectividad de las sanciones administrativas ambientales en una perspectiva comparada. Algunas consideraciones desde las implicaciones constitucionales de la potestad sancionadora

The present article is based on in the analysis of the contemporary constitutional implications of the sanctioning power of the Public Administration, mainly in the scenario of the Environmental Sanctioning Procedure. In this context, a deductive study is made based on the Constitution, the law, the jurisprudence and the doctrine on the need to reorient the principles of the administrative function in its sanctioning role, towards a vision that broadens the legalist panorama, through some elements based on multidisciplinary factual circumstances and on a principialist tendency, typical of modern institutionalism. In this way, provide the administrative function with a high efficiency assessment component of its decisions aimed at the peservation of the environment, and a subjective consideration in terms of environmental sanctioning responsibility. The importance of this study denotes a paradigm against the traditional way of seeing responsibility in the sanctioning procedure and the efficiency of fines as a traditional form of punishment.

La efectividad jurídica de las medidas parciales de manejo del humedal La Vaca

Este trabajo es un análisis de la situación actual del humedal La Vaca ubicado en el suroccidente de Bogotá. Como sucede con varios humedales urbanos de la capital, la biodiversidad presente en el ecosistema se encuentra en una grave situación de degradación y deterioro. La urbanización pirata, las construcciones ilegales y la desecación para convertirlos en tierras de labor, lugares para arrojar escombros basura y, en algunas ocasiones, vertederos de aguas negras han sido causas del detrimento de los humedales capitalinos. Los humedales ubicados en Bogotá no son ecosistemas cuya estructura y funcionalidad actual puedan considerarse exclusivamente resultado de procesos naturales, pues el represamiento de los valles de erosión del Río Bogotá generó un reacomodamiento de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, así como la variación de sus regímenes hídricos y conectividad. En este documento se realiza un análisis de la eficiencia jurídica en materia de protección del humedal La Vaca, concluyendo que la iniciativa ciudadana y la adecuada técnica legislativa sobre los instrumentos jurídicos de protección son trascendentales en el proceso de recuperación y conservación de estos ecosistemas.

Evaluación de impacto ambiental y ordenación del territorio

La Evaluación del Impacto Ambiental se ha aplicado en Colombia desde la vigencia del Decreto ley 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, instrumento posteriormente perfeccionado por la Ley 99 de 1993, mediante la licencia ambiental, que es la autorización que se otorga para la ejecución de obras y actividades que puedan generar graves alteraciones a los recursos naturales y al paisaje, y que resulta fundamental para la planeación ambiental y la toma de decisiones. Pero para una adecuada ordenación del territorio y la autorización de actividades productivas, es necesario adoptar metodologías de mayor complejidad y alcance sectorial, conocidas genéricamente como Evaluaciones Ambientales Estratégicas –EAE–, cuyo objetivo prioritario es definir los efectos ambientales de la planificación.

Fundamentos constitucionales de los recursos hídricos en el ordenamiento jurídico colombiano

Tanto en los escenarios globales como en los locales existe una preocupación generalizada acerca del agua como recurso. Es por esa razón que para comprender de qué manera se pueden responder interrogantes frente a su manejo, planificación y conservación, es necesario determinar cuáles son los principios constitucionales que rigen la aplicación y ejecución de las medidas que se tomen frente al recurso hídrico.

Garantías procedimentales en el ámbito sancionatorio ambiental. Un análisis de eficacia administrativa

Este trabajo contiene un análisis de algunos de los problemas estructurales del proceso sancionatorio ambiental. Estos se traducen en un desvío del umbral de acción de la potestad sancionatoria, en afectaciones al núcleo esencial del debido proceso en materia administrativa, y en una pérdida de eficacia del proceso sancionatorio administrativo que tiene como fin último la salvaguardia ambiental. Dicho análisis intenta probar que las mejoras normativas del mencionado proceso son urgentes, necesarias y oportunas para poder garantizar actuaciones sancionatorias que resulten eficaces y respetuosas del debido proceso y sus garantías procedimentales.

El gran desafío colombiano en materia de la disposición final de los residuos sólidos no lo resuelve una fórmula tarifaria, pero sí el ejercicio eficaz de las competencias de los obligados constitucional y legalmente a hacerlo

El presente capítulo es resultado de los estudios y reflexiones realizados por el autor como profesional del derecho y en su rol de representante de la empresa pública operadora del servicio público de aseo Emvarias S. A. ESP perteneciente al grupo EPM, y actuando como entidad agremiada a la Cámara de Aseo y Gestión de Residuos de Andesco. Este artículo constituye un análisis jurídico cuya base o punto de partida es la situación ambiental del país en materia de disposición final de residuos para, a partir de allí, construir una reflexión referida a la identificación y el ejercicio necesario y eficaz de las competencias y capacidades jurídicas de los diferentes actores que integran el modelo colombiano de servicios público de aseo, invitando a trascender la idea de considerar como único y principal responsable de la solución de esta problemática al operador de aseo con su actividad complementaria de la disposición final de residuos, y por el contrario redescubrir los sujetos realmente competentes y dotados de las potestades y facultades constitucionales, legales y reglamentarias que permitan lograr una gestión integral eficaz de los residuos sólidos en los territorios, y poder así revertir la situación actual, que puede llevar al país en el mediano plazo a una compleja situación sanitaria y ambiental por el creciente aumento de los residuos sólidos y la capacidad insuficiente de la infraestructura actual disponible para su adecuada disposición final.