Biblioteca digital

La adecuación de la Constitución en materia de derechos fundamentales : una especie del género reforma constitucional

Este trabajo inicia con el estudio de la evolución que, en general, ha experimentado el constitucionalismo y los derechos fundamentales, siguiendo con el análisis crítico del enfoque que de la reforma constitucional, como instrumento de transformación en concreto hace mayoritariamente la doctrina desde la teoría sus límites restrictivos; para luego dar una mirada desde la identificación y determinación de eventos y circunstancias cuya presencia indican la necesidad de adecuar la Constitución, proponiendo el entendimiento de esta como una especie del género reforma constitucional tendiente a reforzar las bases del constitucionalismo sustancial, a partir de completar la obra constituyente y aportarle coherencia con el establecimiento de derechos, garantías, obligaciones generales de materialización y específicas de protección como presupuestos democráticos de limitación a los poderes constituidos y al poder constituyente mismo. En este sentido, la adecuación constitucional es fiel a la filosofía liberal que inspiró el constitucionalismo moderno, a la vez que lo dota de nuevos elementos sustanciales de garantía de los derechos fundamentales, siendo un instrumento de protección del carácter y fuerza normativa de la Constitución, en tanto su acometimiento evita la ocurrencia de fenómenos de conmutación constitucional.

Análisis del literal A del parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 160 de 1994 a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras

El texto propone analizar el parágrafo 1 del artículo 67 de la ley 160 de 1994 a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras. Esta norma establece una de las causales de inadjudicabilidad de los baldíos, y consiste en la prohibición de adjudicar baldíos que se encuentran dentro de un radio de 2.500 metros alrededor de zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables. Se determinará como la existencia de está norma y el conocimiento tardío de los operadores judiciales dificulta de alguna manera el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la restitución de tierras. Es por eso que se analizará las complejidades del derecho de la restitución de las víctimas del conflicto y el choque de este derecho con las razones que hicieron surgir la norma prevista en la ley 160 de 1994. Lo anterior para demostrar la constante desvalorización del campesino frente al problema estructural de la tierra en Colombia y verificar si se garantiza de manera efectiva el derecho a la reparación integral en el marco de la justicia transicional.

Ámbito territorial y temporal de las medidas provisionales ordenadas por la corte IDH a Colombia

Colombia tiene una robusta historia litigiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la puesta en marcha de este tribunal, tanto así que el Estado ha sido juzgado en al menos 24 casos contenciosos y en esa medida no es extraño encontrar investigaciones y estudios que analicen de manera transversal o específica algún elemento de dicha historia como sería el caso de las medidas provisionales para la protección de los derechos humanos que ha sido uno de los contextos menos estudiados pese a que en ocasiones, resulta una herramienta más rápida, más ágil y preventiva que los casos contenciosos y las sentencias de la Corte IDH. Entre los años de 1994 y 2019, la Corte IDH conoció un total de 18 peticiones de adopción de medidas provisionales y profirió un total de 109 resoluciones respecto de Colombia; una cifra particularmente alta si se tiene que en promedio el juez interamericano tuvo que resolver al menos 6 solicitudes al año en el mismo periodo de tiempo para proteger de manera urgente, los derechos humanos en los países que hacen parte del sistema interamericano. De allí que surja un interés particular por entender un poco mejor la dinámica de las medidas provisionales y lo que ellas nos permiten descubrir sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Los cambios en la responsabilidad patrimonial del Estado al entrar en contacto con los nuevos sujetos de derecho

El reconocimiento de los nuevos sujetos de derecho por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-622 de 2016 supone una transformación sin precedentes en la responsabilidad del Estado colombiano por daños al medio ambiente en la medida en que dicho reconocimiento generó una mayor connotación jurídica ambiental en el ámbito de la responsabilidad patrimonial por tal motivo es necesario hacer un análisis donde se observen los cambios en la responsabilidad patrimonial del estado al entrar en contacto con los nuevos sujetos de derecho.

Competencia del juez constitucional colombiano para ejercer control de constitucionalidad sobre tratados públicos en vigor en el orden internacional

Cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH por parte del Estado colombiano

El presente trabajo académico abarca un análisis sobre el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH por parte del Estado Colombiano, describiendo en un primer momento cada uno de los asuntos respecto de los cuales existen órdenes del alto Tribunal, estableciendo el tipo de mandatos y las acciones desplegadas por el Estado en acatamiento a ellos, para determinar si éste ha satisfecho sus obligaciones. Posteriormente, se hace alusión a los mecanismos institucionales dispuestos por el Estado Colombiano para efectuar cumplimiento a las medidas provisionales, identificando las instituciones encargadas que hacen parte de la rama ejecutiva y judicial del poder público, enfatizando en las funciones ejercidas por ellas; información derivada de las referencias hechas por el Tribunal en las resoluciones de medidas provisionales respecto de las respuestas emitidas por parte del Estado, las observaciones de la Comisión IDH y los escritos de los representantes de las víctimas. Aunado a lo anterior, se pone de presente la entidad estatal encargada de activar el andamiaje institucional para efectuar cumplimiento a las órdenes de la Corte IDH y la necesidad de una mejor articulación interinstitucional. Finalmente, se esgrimen los principales obstáculos institucionales que afectan el cumplimiento material de las medidas provisionales.

El derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual : ¿la restricción del derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se ajusta a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, e n virtud de ella tienen derecho a la misma protección legal sin discriminación. A pesar de que Colombia ya la aprobó por medio de la Ley 1346 de 2009 aún persisten normas que generan interrogantes frente a los derechos de las personas con discapacidad como la Resolución 825 de 2018 del Ministerio de Salud, que regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes, cuyo artículo 3 determina expresament e que las personas con discapacidad intelectual están excluidas de la posibilidad de elevar la solicitud del procedimiento eutanásico. En este orden de ideas se pregunta si: ¿la restricción del derecho a morir dignamente de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se ajusta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Se parte del supuesto que esta norma vulnera lo esgrimido en la Convención, por cuanto desconoce el derecho de esta población, al derecho a morir dignamente, debiéndosele garantizar la asistencia apropiada a su discapacidad y edad. Finalmen te, se expondrá las conclusiones que ha arrojado este estudio.

El estatuto de la oposición política y su aplicación en las dos primeras legislaturas del cuatrenio 2018-2022 en el congreso de la República de Colombia

El texto analiza la figura del Estatuto de la Oposición Política partiendo de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que llevaron a su consagración en el artículo 112 de la Constitución Política. Revisa los antecedentes, reformas constitucionales y el trámite que surtió para convertirse en Ley de la República. Contiene las generalidades de la Ley Nº 1909 de 2018, la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral y presenta un balance de su implementación en las dos primeras legislaturas del cuatrienio 2018-2022 en el Congreso de la República de Colombia. Se plantea que en este periodo las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional en el Congreso de la República han tenido una mayor visibilidad en su labor legislativa y de control político, ya que a partir del 20 de julio de 2018 cuentan con una herramienta formal para la garantía de sus derechos. Sin embargo, todavía están lejos de una garantía plena y efectiva frente a los partidos de gobierno e independientes, por lo cual se requiere una serie de reformas que permitan materializar el derecho fundamental a la oposición política y de esta manera consolidar el tan anhelado pluralismo político.

La excepción de incumplimiento contractual: estructura, función y límites

La expropiación urbana como instrumento necesario para la generación de infraestructura social

El presente trabajo explica cómo la expropiación urbana puede ser un instrumento para generar infraestructura social, cimentado en el respeto por los procedimientos legales, la fundamentación del acto administrativo y la salvaguarda del derecho a la propiedad privada. En este sentido, las decisiones administrativas de expropiar deben ser planificadas con el propósito de beneficiar a los ciudadanos que la requieran y en las zonas urbanas apropiadas.

¿La interacción entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia un verdadero diálogo judicial?

La interacción entre la Corte IDH y los tribunales nacionales es evidente. El presente trabajo analiza la jurisprudencia interamericana en los casos contenciosos diferentes a Colombia en los que la Corte IDH utiliza jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Esto, con el fin de determinar si entre estas cortes hay o no un diálogo judicial, herramienta jurídica a la que recientemente han acudido los jueces de todo el mundo, y que resulta ser un concepto con múltiples aristas por lo que no siempre que un tribunal hace referencia a jurisprudencia extranjera podemos asegurar que nos encontramos frente a un diálogo judicial.

Mecanismos de control judicial del plan de ordenamiento territorial para la efectividad de los derechos fundamentales y colectivos

A través de esta investigación se realiza el estudio del control judicial del plan de ordenamiento territorial (POT) como herramienta indispensable para la planificación del desarrollo del territorio. A partir de un análisis teórico y jurisprudencial se determinan cuáles son los diversos mecanismos con los que cuentan los actores sociales para ejercer el control judicial del POT, en aras de la defensa de la legalidad y de los derechos individuales o colectivos. En este sentido, se revela cuál ha sido el alcance del control judicial dado por la jurisprudencia, y se establece cómo los Jueces han resuelto la tensión existente entre derechos vinculada a la actividad de ordenamiento territorial y urbanístico.

Mecanismos de protección de los trabajadores con responsabilidades familiares en Colombia

El hecho de que el ordenamiento jurídico laboral colombiano no cuente con mecanismos de protección suficientes y eficaces que les permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares conciliar trabajo y familia, genera que los empleadores utilicen las condiciones familiares como un motivo para justificar la desafortunada practica de discriminación tanto en materia de acceso a un empleo, así como para comprometer la permanencia en el mismo, cuando el trabajador ya se encuentre en ejecución efectiva del contrato. Es por esto, que para obtener una efectiva protección de estos trabajadores con responsabilidades familiares, se necesita que el Estado cree nuevos mecanismos a nivel de política pública y a nivel legal, que les permitan a estos trabajadores adecuar de forma efectiva sus necesidades familiares con sus condiciones laborales, ya que, al lograr una conciliación entre trabajo y familia se obtendrían beneficios no solo para el trabajador individualmente considerado, sino para la empresa, y la sociedad en general.

Las medidas cautelares en la acción popular y el incidente de desacato : caso del derecho colectivo a un ambiente sano

En la Ley 472 de 1998, se excluyó un ingrediente normativo esencial para garantizar el deber constitucional de proteger los derechos colectivos, como lo es fijar un término para que el Juez se pronuncie para resolver el incidente de desacato cuando se dictan medidas cautelares en el trámite de las acciones populares, por lo que se presenta una omisión legislativa relativa. En este sentido, es necesario que las actuaciones del Juez Popular cumplan con el concepto de “debida protección” componente del Derecho de Acceso a la Administración de Justicia. Por lo que es necesario que sus acciones, especialmente las relacionadas con la protección del derecho colectivo del medio ambiente, sean en oportunidad asegurando la prevalencia del derecho sustancial. Por lo anterior, al evidenciar la omisión legislativa relativa, debe buscarse subsanar la omisión, con el fin de proteger de manera efectiva los derechos colectivos y dar cumplimiento del principio de progresividad, ampliando las dimensiones de protección de los derechos.

La mula muerta: el tema de la impunidad en Colombia y el contexto de las negociaciones de La Habana

La impunidad es un término, cuyo contenido es ambiguo y expansivo. Sin embargo, (o gracias a ello), la lucha contra la impunidad se ha instalado como una campaña fundamental para los derechos humanos entorno a la cual se ha fundado un notable unanimismo. Este unanimismo consiste en la armonización de los derechos humanos desde una perspectiva teórica (visible en los mecanismos internacionales de derechos humanos), pero también práctica (evidenciada en los programas de las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo que ha generado como objetivo común el lema de la lucha contra la impunidad).

Nivel de eficacia del Estado colombiano para garantizar, en el marco del acuerdo de paz de 2016, la justicia transicional de las víctimas (directas e indirectas) de los crímenes de desaparición forzada

El presente trabajo de investigación tiene como fin principal hacer un análisis sobre la eficacia de las herramientas judiciales y extrajudiciales para solucionar y atender el problema de la desaparición forzada en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016. El problema se enmarca en la necesidad de determinar el nivel de eficacia del Estado colombiano para garantizar la justicia transicional de las víctimas de los crímenes de desaparición forzada. La importancia de responder a este cuestionamiento radica en identificar las fortalezas y vacíos presentes en la política pública de Colombia para resolver una de las prácticas de violencia más deplorables como son los crímenes de desaparición forzada. La metodología de investigación se basó en un enfoque cualitativo basado en un tipo de investigación socio-jurídico. Los resultados muestran que el Acuerdo Final de 2016 consolidó un marco normativo integral de justicia transicional como es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Bajo este Sistema se crean mecanismos para reconocer los derechos de las víctimas como es la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), herramienta que busca localizar, identificar y entregar a los familiares los restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En dicho sentido, los resultados también muestran que falta consolidar un censo único sobre las víctimas de desaparición forzada, a lo que se suma la necesidad de que el Estado fortalezca los recursos físicos y humanos de la UBPD para mejorar su operatividad y logística en la atención de las víctimas de estos crímenes de Estado.

La noción jurídica de la familia en Colombia : una categoría en construcción entre restricción y libertad

A la familia como institución básica de la sociedad se le han hecho distintas aproximaciones en consideración al momento histórico y de desarrollo cultural en que se estudia, dependiendo así de factores como “las poblaciones, las políticas, las creencias religiosas, los modos de vida”, entre otros. De esta manera, la familia se configura como una categoría que encuentra su propia definición en las varias disciplinas, siendo de difícil determinación el ámbito de intervención del derecho. Por ello, aunque se entienden las dificultades propias de cualquier intento de definición jurídica de una institución tan compleja y relativa, y sin pretender llegar a un concepto unívoco, parece necesario lograr un mínimo consenso sobre los elementos característicos de la familia, pues a partir de su existencia se derivan consecuencias personales y patrimoniales particulares que de otro modo no sería posible reconocer.

Las obligaciones de respeto y garantía en DDHH aplicadas al sistema de alertas tempranas : un análisis desde la situación de los líderes sociales en Colombia

El presente trabajo está enfocado en describir el desempeño del Estado Colombiano cuando se emite una Alerta Temprana respecto de la protección de líderes y lideresas sociales en cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, para lo cual se realizó una investigación con diferentes derechos de petición presentados a las Entidades del Orden Nacional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de protección, respecto de las cifras que representa el atropello a sus derechos humanos. Se concluyó que existen profundas deficiencias en materia de protección a los derechos humanos, lo cual, implica un deber de mejoramiento del ente estatal para garantizar la obligación de respeto y garantía consagrada en el Pacto de San José.

La otredad indígena en los procesos constituyentes en Colombia 1991, Venezuela 1999, Ecuador 2008 y Bolivia 2009

Con un enfoque democrático, transformador y emancipador del proceso de inclusión de los derechos de los grupos indígenas -tradicionalmente discriminados o invisibilizados durante la Modernidad-, este libro de Soraya Pérez Portilla se centra en el calor de la igualdad con un efoque democrático. El texto orienta al lector para comprender que los momentos constituyentes estudiados en sus páginas de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, de la Reùblica de Ecuador en 2008 y de Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, momentos legislativos refundados como plurinacionales e interculturales con una participación vigorosa de ñas comunidades ancestrales permitieron abrir espacios para que conceptos como pluriétnico y plurilingüismo pasara a ser principios fundamentales de la Carta Política de Colombia en 1991, permitiendo al mismo tiempo inaugurar escenarios para la representación indígena y de las comunidades ancestrales. Este libro nos dice del reconocimiento de la Otredad como principio para el diálogo que nos permitirá caminar juntos en la construcción de sociedades, justas y esenciales.

El principio de precaución y su incidencia en la protección de los derechos humanos en el ámbito de la ingeniería genética

El principio de precaución ha sido formulado epistemológicamente como una alternativa filosófica y jurídica para sortear los riesgos de los diferentes daños inciertos que se generan en la sociedad con ocasión de diversas actividades, su asomo en el derecho se da los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente con acogimiento en legislaciones ambientales internas. Una vez analizada su efectividad se puede afirmar que el principio de precaución es aplicable al ámbito de la ingeniería genética y la biomedicina para proteger derechos humanos anclados a la dimensión corporal y biológica de los individuos frente a las nuevas amenazas para la dignidad humana, la vida y la integridad psicofísica de las generaciones presentes y futuras.