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El regreso del dragón : geopolítica de Asia y el Pacífico

Corrupción, control y mejoramiento en la constitución de 1991

Estamos celebrando el décimo aniversario de nuestra Constitución y por lo tanto resulta más que apropiado hacer un primer balance de su existencia y efectos. Muchos descalifican la Constitución de 1991; sin embargo, nosotros creemos que el examen arroja resultados positivos. La nueva Carta Política llegó en un momento en que el país necesitaba un cambio, y efectivamente lo tuvo. La creación de la Corte Constitucional (art. 239) y la implementación de la acción de tutela (art. 86) son, entre otras, algunas de las innovaciones que, certeramente, introdujo la nueva Carta.

La jurisdicción especial indígena en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Constitución Política de 1991, como resultado de un proceso participativo y pluralista, reconoce en su artículo 7.º el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, así como establece algunos derechos específicos para ciertos grupos de personas.

Intervención del Estado en los negocios jurídicos de energía eléctrica

El tema que a continuación se desarrolla fue seleccionado con el fin de someter a reflexión nuestra preocupación respecto de las limitaciones a la libertad contractual determinadas por la abundante intervención del Estado en los negocios jurídicos que se celebran en el sector eléctrico. Se trata, igualmente, de escudriñar en la realidad hasta dónde va esa intervención del Estado y qué tanto campo de acción le queda a la autonomía privada.La ponencia está compuesta de dos partes, la primera estudia las fuentes del negocio jurídico según la teoría general del negocio jurídico, y la segunda analiza en concreto las fuentes de los negocios jurídicos de energía eléctrica y todas sus vicisitudes. Anexo al presente escrito se encuentra un cuadro resumen con el fin de facilitar la comprensión de cada uno de los elementos de los negocios jurídicos que se celebran en el sector eléctrico.

¿Cómo aborda el derecho comparado latinoamericano la interconexión internacional y el comercio internacional de energía? : caso argentino, colombiano y mexicano

Para este tema sólo se contempla la interconexión internacional y el comercio internacional de energía eléctrica, pero en lo sustancial muchos de los principios y reglas desarrollados son aplicables al gas. Concretándonos en el punto, empecemos por decir que antes se hablaba que la energía era un bien no comercializable, y hoy se afirma que la energía es un bien transable; y algo muy importante, que la energía eléctrica como un bien está afectada a un servicio público. Los servicios públicos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) no hacen parte de las discusiones ni están contemplados en la regulación. Pero, no obstante, por otro lado, estos servicios sí han estado regulados en los procesos de integración, y en donde más se ha tratado este tema, en particular el de la electricidad, es en la comunidad europea. En América Latina este tema de la interconexión y el comercio internacional de energía eléctrica se ha venido construyendo normativamente, en especial en los países del Mercosur, aquellos que integran el NAFTA, y más recientemente los países del Pacto Andino y el mercado centroamericano.

Los grupos empresariales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas desde la perspectiva del derecho de la competencia colombiano

Este tema ha sido poco desarrollado por la doctrina colombiana; empero, encontramos antecedentes normativos en el Código de Comercio, en la Ley 222 de 1995 y en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG). Por otra parte, se pueden distinguir tres fases por las cuales pasan las empresas de energía y gas, como todas las empresas que operan en el mercado: nacimiento, crecimiento y desfallecimiento. De ahí entonces, para ubicar el tema de los grupos empresariales nos centraremos primero en el crecimiento de las empresas, y luego en el análisis de las estructuras organizacionales resultantes, esto es, en los grupos.

Hacia el reconocimiento de derechos fundamentales colectivos en identidades culturales

Este artículo trata sobre el reconocimiento de derechos fundamentales colectivos en identidades étnicas. Para llegar a tal afirmación, se aparta de la construcción histórica de los derechos humanos y fundamentales, la cual propugna, entre otras concepciones, por la universalidad y la individualidad de los mismos. En el artículo se reafirma el deber de reconocer otras formas de dignidad humana distintas a las de la cultura mayoritaria, con el fin de lograr un pluralismo material que respete y reconozca la diferencia. Se reconoce que estas comunidades étnicas se desarrollan plenamente como sujetos colectivos de derechos fundamentales por tener una procedencia histórica común y una identidad en sus condiciones sociales, políticas, culturales, religiosas, económicas, etc. Así mismo se analiza cómo el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y el derecho a adquirir y aprovechar el territorio que ocupan estas comunidades son derechos fundamentales colectivos y han sido reconocidos, expresamente, por el Convenio 169 de 1989 de la OIT en el ámbito internacional, y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el ámbito nacional.

Derecho fundamental a la vida y multiculturalismo

This article establishes the relationship between research and knowledge of the factual and normative reality of indigenous people, not only as individuals but also as collectivities. This approach is one of legal anthropology, whose objective is to recognize not only the legal pluralism but also the cultural pluralism of the social State and democracy in Colombia.

El papel de Asia-Pacífico y el Caribe en el actual ordenamiento estratégico

El mercado Ibérico de la energía

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer un adicional esfuerzo europeo de unión y cooperación para el desarrollo como lo es el Mercado Ibérico de la Energía en el cual participan España y Portugal. El contextualizar este mercado dentro del concepto de Unión Europea y Mercado Común, enseñar las características jurídicas y económicas de los sistemas eléctricos de los dos países, describir las características generales de funcionamiento de este nuevo mercado regional de electricidad e identificar los elementos útiles de este modelo para estudiar su posible aplicación en un eventual mercado andino de la electricidad son los principales objetivos de este estudio que ha sido realizado pensando, fundamentalmente, en todos los estudiantes, investigadores y profesionales interesados en el sector eléctrico, un sector multidisciplinario en que diferentes ramas del derecho se conjugan, así como diferentes disciplinas del conocimiento como la economía, la administración, la ingeniería y el derecho, de ahí su riqueza académica y el especial interés que despierta su análisis.

Le dommage : analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l'Etat en droit colombien et endroit français

La modulación de los efectos de las sentencias de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

En Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se refuerza el valor normativo de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional como cabeza de la jurisdicción constitucional (arts. 241 al 245 C. P.). La Corte tiene la función de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, mediante el control abstracto y objetivo de la constitucionalidad de la ley, esto es, un control jurídico a través del cual el juez constitucional establece si una disposición legal es conforme o no con el texto constitucional, tanto por vicios de procedimiento como por su contenido material.

Convergencia en los modelos de regulación del correo electrónico no solicitado (spamming)

Derechos humanos y las funciones de la prisión

En este artículo sobre la institución “prisión”, trataré de confrontar los principios que han regido esta institución y su realidad empírica. Con base en esa confrontación, haré un breve recuento para demostrar cómo los derechos humanos a pesar de la normatividad internacional del DIDH y del DIH, y de las decisiones de la Corte Constitucional, han quedado en el papel, como letra muerta, en el cuerpo y alma de los derechos de los detenidos y de la sociedad como huellas irreparables. Terminaré con algunos interrogantes que han surgido en el transcurso de mis investigaciones.

Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia

Las mujeres en Colombia, especialmente las mujeres rurales ven afectados sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto antes como después del desplazamiento forzado por la violencia –en este caso en particular, frente a los derechos a la educación, trabajo y salud sexual y reproductiva–. Dicho de otra manera, la mujer desplazada es doblemente victimizada. La mayoría de las mujeres rurales no tiene el conocimiento de lo público, se encargan del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la autonomía frente a los derechos sexuales y reproductivos es casi nula, su trabajo se limita a las labores domésticas, sólo en algunas ocasiones trabajan en agricultura, modistería, manualidades, dicho en otras palabras, el trabajo obedece a modelos sexistas, de tal suerte que desde antes de que se presente el desplazamiento como hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilidades de hacerlos valer se encuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la situación no mejora, por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias de tal fenómeno en su contra, las posibilidades de empoderarse y exigir la reparación de los mismos al Estado –que permitió su lesión–, a través del derecho de acceso a la justicia, son, casi inexistentes. El 73% de cada 100 mujeres no sabe a dónde acudir para obtener la acreditación que certifica su situación de desplazada, el resto de las mujeres evidencian su situación con el fin de obtener la ayuda humanitaria que proporciona el Estado, pero no denuncian el hecho penalmente.

Ley y reglamento en contratación pública

El debate sobre la banca central independiente: el caso colombiano

La prueba de oficio : una perspectiva para el proceso dialógico civil

La noción equívoca del equilibrio contractual

El equilibrio financiero del contrato estatal se suele argüir ante cualquier evento que modifique sus condiciones iniciales de ejecución de éste, así provenga de incumplimientos, de deficientes estudios previos, de su suscripción tardía, de comportamientos reprochables de las partes, así como de actos lícitos de la administración contratante o de hechos por completo ajenos a las partes, en realidad los dos únicos casos que, en estricto sentido, dan lugar a la figura jurídica. A este primer equívoco de amalgama de causas del desequilibrio se suma el simplismo de las soluciones, o mejor, de la solución jurídica, que también se enuncia con frecuencia: ante cualquier sorpresa en la ejecución del contrato, la administración contratante ha de pagar, y pagar todo. No sólo debe indemnizar a su contratista por los perjuicios efectivos que soporte, independientemente de que ella también los sufra, sino que debe indemnizarlo también por lo que aspiraba a ganar y no pudo, debido al alea surgido, aun cuando éste no sea en absoluto imputable al ente contratante. El equilibrio se concibe entonces como un seguro contra todo riesgo no previsto en el contrato, al punto que la administración debe siempre garantizar a su contratista la obtención de las ganancias a las que aspiraba originalmente.

Violencia sexual en el conflicto armado : barreras para acceder a la justicia

El patriarcado, basado en la posición dominante del hombre en la familia y en la opresión hacia la mujer, ha permeado las instituciones y las generaciones hasta el día de hoy; el poderío masculino se ha impuesto y se ha mantenido a través de la historia, entre otros mecanismos, con la violencia contra la mujer y los hijos. La sexualidad ha sido el producto de todas esas prácticas de opresión cuyo mensaje consciente e inconsciente le otorga a la mujer y a su comportamiento un menor valor. Mensaje que ha sido socializado generación tras generación y que al ser internalizado (Berger y Luckmann , 1999: 170 y ss) en el hombre ha legitimado la arbitrariedad y la violencia en contra de la mujer. Dicha violencia –física, sexual o psicológica– se ha extendido tanto en el ámbito familiar –doméstico– como en el público. Las agresiones sexuales en contra de las mujeres en su mayoría no son denunciadas ante organismos o entidades del Estado. Pero dentro del conflicto armado las agresiones sexuales, pese a ser sistemáticas y generalizadas, han sido invisibilizadas por el Estado y en general por la sociedad. Existe un alto subregistro de estos delitos por parte de organismos del Estado. El Estado ha incumplido con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, más cuando se trata de violencia sexual contra las mujeres, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado. Deber que se acentúa cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Del mismo modo, las mujeres víctimas de tales agresiones no denuncian estos hechos, pues se enfrentan a varias causas, como miedo, desconocimiento del código del sistema judicial, desconfianza en el mismo, etc. Esta situación impide que los derechos afectados sean reparados y que dichas agresiones se repitan. De tal suerte que se atenúen los límites del conflicto armado y se amplía cada vez más la brecha entre hombres y mujeres.