BAPA. Revista Digital de Derecho Administrativo - Artículos

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Examinando BAPA. Revista Digital de Derecho Administrativo - Artículos por Título

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    A propósito de los cerros orientales: ¿Existe un umbral de las cargas públicas que no sea daño especial?
    (Universidad Externado de Colombia, 2009-12-13) Burgos Guzmán, Filipo Ernesto
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    ¿Acciones o pretensiones contencioso administrativas?
    (Universidad Externado de Colombia, 2010-12-30) Sarria Olcos, Consuelo
    A partir de los antecedentes de las normas vigentes en materia de acciones contencioso administrativas, se analiza el proyecto de Código Contencioso Administrativo elaborado por una Comisión, creada por Decreto Presidencial, a iniciativa del Consejo de Estado. El análisis se refiere específicamente a lo que, según la exposición de motivos del citado proyecto de ley, se denominan pretensiones, al suprimirse el término acción para aplicar la teoría moderna de la acción elaborada en el derecho procesal, según la cual la acción es un concepto unívoco y lo que hay que distinguir son las pretensiones que se busca hacer valer.
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    Acción popular de moralidad administrativa
    (Universidad Externado de Colombia, 2010-12-30) Matallana Camacho, Ernesto
    La Acción Popular de Moralidad Administrativa es una acción de origen constitucional (art. 88) que tiene un desarrollo legal con la expedición de la Ley 472 de 1998, que tenía dentro de sus características un incentivo económico del 15%, el cual fue eliminado por el último artículo de la Ley 1425 de 2010. Dentro de las reformas propuestas en el nuevo Código Contencioso Administrativo se encuentra el superar el debate jurisprudencial si a través de la acción se pueden anular actos o contratos, lo cual es prohibido de entrada por el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, que además crea un requisito de procedibilidad, en donde el accionante debe dirigirse primero a la entidad y plantearle la posible violación del derecho colectivo. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen funcionario. Si bien la posición del Consejo de Estado es que no es posible la acumulación de procesos, creemos que puede ser revisable al eliminarse el incentivo económico. Adicionalmente la doctrina de juez de lo contencioso considera que la acción popular al tener un objeto jurídico a proteger que el derecho colectivo, la hace autónoma respecto de otras acciones y además tiene un carácter principal por esa misma razón. Otra jurisprudencia aborda el criterio de ponderación a la hora de tomar una decisión de protección de un derecho colectivo, cuando se enfrenten principios donde ninguno tiene un carácter absoluto, que se encuentren sustentando instituciones jurídicas y el juez popular deberá decidir a cuál deberá dársele mayor prioridad. La Administración dentro de la gestión pública puede sacrificar unos principios por la aplicación de otros cuando está ejecutando una norma, en esa medida; o bien, la Administración efectuó una inadecuada ponderación y en ese caso el juez popular podrá privarla de validez; o en otro caso, el juez popular puede llegar a concluir que sólo había una única solución de ponderación; y en último caso, si existieran varias posibles soluciones con la exigencia de ponderación, el juez popular no deberá sustituir con la decisión a favor de una de ellas y en este caso se respetará la tomada por la Administración. Este método es utilizado para hacer más eficiente el control del juez popular sobre decisiones que tengan el carácter de discrecionales de la Administración, cuando con estas decisiones se comprometan derechos colectivos. En este caso es posible pensar que con la celebración de un contrato se pueden vulnerar derechos colectivos como el de la moralidad administrativa y se ratifica con otra jurisprudencia donde se reconoce que el principio de planeación forma parte de los deberes de las entidades estatales. Para la jurisprudencia la moralidad tiene los siguientes significados: no es sinónimo de legalidad y no es un concepto subjetivo; por el contrario, una demostración de inmoralidad es el desvío de poder, así que adicional a la demostración de la ilegalidad de la actuación se requiere probar el desvío de poder. Finalmente en cuanto a la expedición del nuevo Código Contencioso Administrativo sobre la actual Acción de Moralidad Administrativa debemos reiterar que la ley limita de manera definitiva la competencia del juez popular de anular un acto administrativo o un contrato como consecuencia de la vulneración de un derecho colectivo, en este caso del derecho de moralidad administrativa. Por otra parte, se crea un requisito de procedibilidad que consiste en la obligación de quien va a interponer la acción, de requerir a la entidad sobre la violación del principio de moralidad y luego sí entonces se interpone la acción correspondiente, salvo un caso de violación inminente que requiera la intervención judicial y en este caso deberá quedar la sustentación en la demanda. Si no se atiende este requisito de procedibilidad el juez administrativo tendrá la facultad de rechazar la demanda.
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    Alcance y limitaciones del debido proceso en el procedimiento administrativo
    (Universidad Externado de Colombia, 2010-12-30) Carvajal Sanchez, Bernardo Andres
    Para explicar mejor el alcance del debido proceso administrativo como norma jurídica cuyo respeto es indispensable en todas las actuaciones de la Administración, se exponen de una parte tres puntos de vista (formal, estructural y material). Estos criterios permiten comprender el debido proceso administrativo en sus dimensiones de norma constitucional desarrollada legal y reglamentariamente, de principio del cual se desprenden conductas y normas, y de derecho fundamental objetivo y subjetivo. De otra parte, se reconoce que no se trata de una norma de alcance absoluto, puesto que en varias ocasiones puede relativizarse su plena aplicación. Dos fenómenos opuestos se aprecian en este punto: de un lado, el debido proceso administrativo tiende tradicionalmente a diferenciarse del debido proceso judicial, para justificar así un mayor número de limitaciones a su alcance. De otro lado, el papel de algunas autoridades administrativas tiende contemporáneamente a parecerse al de los jueces, surgiendo entonces el reclamo de nuevas garantías procesales. En todo caso, el reconocimiento de limitaciones constitucionalmente válidas al debido proceso conlleva a la pregunta sobre los límites de tales limitaciones. No se puede suprimir totalmente su aplicación; no se le puede restar todo el alcance. Ello obedece a su carácter fundamental como norma que garantiza justicia o equidad procesal y que proscribe la arbitrariedad.
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    Algunas reflexiones sobre las nuevas formas de actuación administrativa impuestas por el mercado y la técnica y sus implicaciones para la metodología de la ciencia jurídica-administrativa
    (Universidad Externado de Colombia, 2011-06-27) Santaella Quintero, Héctor
    Este trabajo pone de relieve las transformaciones que recientemente ha registrado el Derecho Administrativo en relación con la forma como tradicionalmente se han atendido funciones como la protección de la comunidad frente a riesgos o amenazas para la seguridad o salubridad públicas. Al análisis efectuado subyace una pretensión metodológica básica: subrayar la importancia que tiene para la ciencia jurídico-administrativa la observación de la práctica cotidiana de la Administración, en contraste con la visión que privilegia la construcción del Derecho Administrativo a partir del estudio de la jurisprudencia de juez de la Administración.
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    La cláusula general de competencia de los entes territoriales en materia económica
    (Universidad Externado de Colombia, 2012-06-26) Zarate Pérez, Aníbal Rafael
    Si la autonomía territorial con que cuentan los entes locales para la “gestión de sus intereses” permite fundar, vía una cláusula general de competencia, las iniciativas económicas locales, esta fórmula aparece sujeta a los límites constitucionales y legales sobre las modalidades de intervención local, como lo sugiere el respeto de las normas nacionales en materia de competencia económica.
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    La concesión: pasado y presente. Crítica a los modelos concesionales de la primera época de vida institucional
    (Universidad Externado de Colombia, 2011-06-27) Castaño Parra, Daniel
    El presente estudio tiene, por único propósito, realizar una aproximación histórica a los modelos concesionales en Colombia a partir de sus más importantes y palmarios desarrollos encontrados en leyes, decretos y contratos celebrados bajo la vigencia de las constituciones políticas de 1843, 1853, 1863 y 1886, con el fin de evidenciar la manera en que la construcción jurídica de esta figura en el derecho colombiano comenzó sobre las instituciones propias del derecho común y se consolidó posteriormente bajo el espectro del derecho administrativo.
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    Conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos: hacia un nuevo paradigma
    (Universidad Externado de Colombia, 2010-12-30) González Rey, Sergio
    La conciliación extrajudicial se caracteriza por una doble dimensión en asuntos contenciosos, al ser de una parte un mecanismo alternativo de solución de conflicto, y de otro lado un requisito de procedibilidad. Esta novedosa institución ha tenido una importante evolución normativa y en su versión actual constituye, dadas sus múltiples ventajas en un contexto de congestión judicial, un importante espacio para que con prontitud, certeza y eficacia se garanticen los derechos de los administrados.
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    Consideración sobre los contratos y Convenios Interadministrativos
    (Universidad Externado de Colombia, 2009-06-13) Santos Rodríguez, Jorge Enrique
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    El contencioso contractual: visos jurisprudenciales
    (Universidad Externado de Colombia, 2010-12-30) Expósito Vélez, Juan Carlos
    Con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley que busca la implementación de un nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se abre el debate sobre las disposiciones que el mismo pueda traer, en especial, en lo relativo a las controversias que se puedan suscitar por motivo de los contratos estatales. En esa medida, resulta importante contrastar los nuevos aspectos que trae el Código, además de otros que a juicio del autor faltaron de incluir en el mismo, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia adelantada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
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    Contratación Estatal ¿Reina la Incertidumbre?
    (Universidad Externado de Colombia, 2009-06-13) Estrada, Juan Pablo
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    El control de constitucionalidad y de legalidad ejercido por el poder legislativo (1811-1842)
    (Universidad Externado de Colombia, 2011-12-09) Malagón Pinzón, Miguel
    Este escrito explora el control de los actos de los poderes legislativo y ejecutivo en Colombia, durante la primera mitad del siglo XIX. Se explica cómo el órgano encargado de ejercer dicho encausamiento era el poder legislativo, en forma de Senado de Censura o de Congreso. Configurando así un poder supremo sobre las otras ramas del Estado.
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    El Control Fiscal y la Función Pública Atribuida a los Curadores Urbanos
    (Universidad Externado de Colombia, 2009-12-13) Amaya Olaya, Uriel Alberto
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    La creación de partidos políticos en España
    (Universidad Externado de Colombia, 2011-12-09) Pérez Gálvez, Juan Francisco
    I. Introducción. II. Concepto y diferencia con figuras afines. 1. Concepto. 2. Diferencia con figuras afines. 2.1. Configuración jurídica de la asociación. 2.1.1. Concepto. 2.1.2. Naturaleza jurídica. 2.1.3. Clasificación. A. General. B. Asociaciones de interés general. 2.1.4. Elementos. A. Elementos materiales. B. Elementos formales. 2.1.5. Grupo normativo regulador. 2.1.6. Conclusión. 2.2. Diferencias respecto a la corporación. 2.2.1. Régimen general. 2.2.2. Conclusión. 2.3. Corporación/asociación adversus fundación. 2.3.1. Régimen general. 2.3.2. Conclusión. III. Naturaleza jurídica. IV. Caracteres. V. Grupo normativo regulador. VI. Creación de partidos políticos. 1. Libertad de creación y afiliación. 2. Capacidad para constituir partidos políticos. 3. Constitución y personalidad jurídica. 3.1. Constitución. 3.2. Adquisición de personalidad jurídica. 3.2.1. Aproximación al concepto de persona jurídica. 3.2.2. La tarea propia del jurista: averiguar qué ha de entenderse por persona jurídica cada vez que ese término se emplea en un precepto jurídico. 3.2.3. Régimen jurídico. 4. Inscripción en el registro. 4.1. Concepto y diferencia con figuras afines. 4.2. Naturaleza jurídica. 4.3. Clases. 4.4. Grupo normativo regulador. 4.4.1. Constitución Española. 4.4.2. Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio. 4.4.3. Los registros en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: derecho de acceso.
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    Criterio para determinar el concepto de propuesta artificialmente baja.
    (Universidad Externado de Colombia, 2009-06-13) Matallana Camacho, Ernesto
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    De la seguridad a la inseguridad jurídica en la potestad sancionadora disciplinaria
    (Universidad Externado de Colombia, 2010-12-30) Morales Támara, Alberto
    La sentencia a la que hacemos referencia señala una equivocada dirección, porque se fundamenta en una errada interpretación de algunas disposiciones normativas y no en la plenitud del orden jurídico y su necesaria coherencia; justamente por ello, parece una sentencia hito al momento de definir el ámbito temporal de la caducidad o de la prescripción de la acción disciplinaria, pero en realidad es una decisión que afecta profundamente una serie de garantías que conforman el derecho fundamental constitucional al debido proceso.