Examinando por Materia "jueces"
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- ÍtemSólo datosLa lucha por democracias más justas. Calidad de la democracia y Estado de derecho en El Salvador y Guatemala(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2015-12-19) Gutiérrez Salazar, Martha LilianaCon miras a dar paso a un estudio más amplio sobre la influencia de actores sociales en la protección judicial de derechos humanos, el presente trabajo se ocupa, por un lado, de plantear una propuesta metodológica para explorar empíricamente la manera como las organizaciones no gubernamentales influyen en la difusión de normas de derechos humanos entre actores judiciales a nivel nacional, y, por el otro, del análisis de la independencia judicial en Guatemala y El Salvador, de acuerdo con el diseño institucional. Esto último, esperando que mayores garantías institucionales hagan más factible la protección judicial de derechos humanos, lo que a su vez impactaría en beneficio del Estado de derecho y la calidad de la democracia.
- PublicaciónSólo datosPrevaricación: plus de antijuridicidad(Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2013-06-24) Sánchez Herrera, Esiquio ManuelYa en su momento el profesor Eduardo Montealegre Lynett como candidato a la Fiscalía General de la Nación dijo ante la Corte Suprema de Justicia que uno de los problemas fundamentales del actual Código Penal es su incompatibilidad con los nuevos criterios de imputación que imponen los estándares internacionales y la Constitución de 1991. La función jurisdiccional se ha transformado toda vez que los jueces en general fungen, en el mismo sentido que la Corte Constitucional, como garantes de la primacía de la Constitución sobre las demás normas y de la realización de los derechos fundamentales, a través del control difuso de constitucionalidad y de la acción de tutela. Ello pone de manifiesto un aspecto importante de la denominada constitucionalización del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la nueva realidad jurídica impuesta por el actual modelo de Estado obliga a replantear el injusto del delito de prevaricato para no configurarlo a partir de la comparación de la decisión con la ley, sino con los valores y principios constitucionales que determinan un nuevo sistema de fuentes que expresan un marco de consenso y unidad, ya no formal, sino material, donde coexisten diversas posturas acerca de la justicia. Lo que pretendemos es configurar el injusto del prevaricato, conforme a esos estándares internacionales, al modelo de Estado que se impone.