Examinando por Materia "Ley 142 de 1994"
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- PublicaciónAcceso abiertoAplicación del control constitucional por vía de excepción en relación con reclamaciones ante empresas de servicios públicos domiciliarios cuando se pretendan devoluciones superiores a cinco meses(Universidad Externado de Colombia, 2020) Henao Castaño, Fabián Andrés; Sánchez Guzmán, Paula VanessaLa expedición de la Ley 142 de 1994 es una clara materialización del mandato constitucional dispuesto en el artículo 150 # 23 de la C.P de 1991, en concordancia con los artículos 365 a 370 ibídem; al establecer en la referida Ley lo concerniente al tiempo que tienen los usuarios y/o suscriptores para reclamar los conceptos facturados como consecuencia de la prestación de los servicios, se trajo un término de caducidad de 5 periodos de facturación, es decir, que si vencido dicho plazo no se ha reclamado algún concepto facturado, se pierde el derecho a que ser atendida esa pretensión. Esa caducidad resulta apropiada por cuestiones de seguridad jurídica y de certeza de los actos de facturación, sin embargo, nunca podrá perderse de vista que no en todos los casos resulta ser preferente la condición de seguridad jurídica y certeza de los actos de facturación, sobre todo cuando darle prioridad a estos dos elementos afecta de manera directa y grave principios constitucionales como el Estado Social de Derecho, el Orden Justo, la Buena Fe, la Confianza Legítima, la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, , todo lo cual confluye en que puede presentarse una violación directa del principio de la Supremacía Constitucional que da existencia al denominado control por vía de excepción. Los servicios públicos domiciliarios se encuentran ligados a los fines esenciales de Estado, en otras palabras, los SPD se constituyen en la principal herramienta o canal con el que se logra en mayor escala la efectividad y cristalización del Estado Social de Derecho, lo cual incluye la garantía de los fines esenciales establecidos en el artículo 2 de la C.P de 1991, la prestación de estos servicios supone de entrada que la existencia de esa relación contractual da a una de las partes, los prestadores una condición privilegiada, incluso se reconoce que poseen posición dominante, entre tanto, la otra parte que son los suscriptores y/o usuarios es la parte más frágil, más débil de esa relación; por consiguiente, admitir que a pesar de que en situaciones claras donde los prestadores pueden cometer serios errores de facturación que afectan intereses legítimos de sus clientes, puede privilegiar a los primeros dándoles una habilitación para que se favorezcan por una caducidad que trae la Ley. Frente a errores técnicos de las Empresas que se supone son los que tienen la experticia y conocimiento profundo de la prestación es que cobra vital importancia realizar una irradiación de constitucionalización de los servicios públicos domiciliarios, recordar que el origen normativo de los mismos se encuentra en el marco de la C.P de 1991 y que por ende también están sometidos al principio de la Supremacía Constitucional, y es justamente la posibilidad de la aplicación de este principio lo que se aborda en la monografía presentada.
- PublicaciónAcceso abiertoAspectos ambientales de la prestación de los servicios públicos domiciliarios(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017., 2017-06) Amaya Navas, Oscar Darío; Amaya Arias, Ángela María
- PublicaciónSólo datosDesbalance fiscal, modelo de subsidios: tendencias, logros y lecciones(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010-11-11) Amador Cabra, Luis EduardoEn la Constitución de 1991 y en el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios o Ley 142 de 19941, RSPD, se creó un nuevo escenario de prestación de los servicios que permitió mejorar las condiciones a los prestadores y usuarios. Estas nuevas reglas han representado el mayor desafío para la política social, en particular en el manejo y asignación de los subsidios. La Carta fue amplia en el conjunto de derechos sociales que los ciudadanos deben tener al comprometer significativos recursos públicos mediante transferencias. Al cumplirse más de una década de implementada la reforma es necesario analizar sus avances e identificar los problemas que aún persisten o los que surgieron como desarrollo de aplicación.
- PublicaciónSólo datosIntervención del Estado y modernización del modelo regulatorio de costos y tarifas en Colombia(Departamento de Derecho Económico, 2009-04-16) Amador Cabra, Luis EduardoEn el marco de la apertura de la economía colombiana y de la nueva Carta Constitucional de 1991, donde dicha modernización
- PublicaciónSólo datosLa Ley 142 de 1994 desde una perspectiva de análisis económico del derecho(Departamento de Derecho Económico, 2011-08-22) Amador Cabra, Luis Eduardo; Ramírez Grisales, RichardEl programa de reformas estructurales de los servicios públicos se caracterizó por remover las estructuras que no permiten el libre funcionamiento de los mercados, para lo cual se eliminó el monopolio del Estado en la prestación y se diseñó un sistema que le permite al usuario escoger libremente entre agentes privados y operadores públicos. Así mismo, se desarrolló un modelo tarifario en el cual los usuarios pagan el costo del servicio y se señaló un sistema de subsidios. Igualmente, se separaron los roles de regulación de los de vigilancia y control. En general, el Estado modificó el grado de intervención y asumió un papel más activo en la regulación de los servicios públicos. El modelo de servicios públicos, inspirado en la Constitución de 1991 y consagrado en la Ley 142 de 1994, permitió la redefinición del esquema institucional, con nuevas reglas de juego con el fin de atraer, ampliar y modernizar la infraestructura existente mediante nueva inversión privada gracias al mayor protagonismo del mercado en la asignación de los recursos, bajo una concepción de un Estado más eficiente. Bajo este contexto, el presente artículo tiene como objetivo realizar un estudio de la Ley 142 de 1994, desde la óptica del análisis económico del derecho, con el fin de identificar los incentivos y las propuestas de carácter económico que subyacen a ella. El trabajo destaca las afinidades y vínculos entre el Análisis Económico del Derecho y la teoría microeconómica. Así mismo, estudia los postulados económicos esenciales del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios frente a los objetivos perseguidos por el legislador y los medios para su consecución. Se demuestra como el sistema legal actúa como un modelo de incentivos que guía y alienta el comportamiento de los agentes racionales a conseguir objetivos de eficiencia y maximización que caracteriza a la mencionada Ley.
- PublicaciónSólo datosServicio universal, fondos de solidaridad y redistribución de ingreso, el caso del saneamiento básico(Departamento de Derecho Económico, 2010-04-19) Amador Cabra, Luis EduardoEste ensayo tiene como objetivo analizar el impacto que tuvieron en 1991, la Ley 142 de 1994 y las reformas estructurales recomendadas por el Banco Mundial en el sector de saneamiento y, en particular en el servicio de recogida de residuos sólidos en Colombia con respecto al funcionamiento de los fondos de solidaridad. Este artículo tiene como propósito analizar el funcionamiento de los Fondos de Solidaridad y ofrece una visión sobre las principales características de la intervención del Estado al agregar algunos elementos nuevos de análisis en el sector de aseo en torno a la asignación de los subsidios, las contribuciones y el balance para el periodo 2003-2006 en un marco de restricciones fiscales que permite construir un panorama sobre la financiación de los servicios públicos que no han sido examinados con detenimiento desde la promulgación de Constitución de 1991.