ADAQA. Capítulos en libro de investigación - Grupo de Investigación: Derecho Administrativo

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Riesgos contractuales
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2009., 2009) Benavides Russi, José Luis
La Ley 1150 de 2007 introdujo una importante modificación sobre la concepción de la responsabilidad contractual y el equilibrio financiero del contrato estatal. Los muy sonados diferendos originados en reclamaciones por desequilibrios financieros de contratos, en particular en los proyectos de concesión, la jurisprudencia incierta del Consejo de Estado y fallos contradictorios de laudos arbitrales en los que están en juego multimillonarias condenas al Estado auspiciaron que el legislador abordara de manera generalizada una política de riesgos contractuales.
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Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución a la problemática del reparto de competencias en materia minera
(Universidad Externado de Colombia, 2016) Robledo Silva, Paula; Henao Pérez, Juan Carlos; Díaz Ángel, Sebastián
La Constitución Política de 1991 significó para Colombia una profunda transformación en las estructuras políticas, jurídicas y económicas, suscitada en parte por un ambiente de inconformismo y descontento social cuyas raíces primordiales se encontraban en la pervivencia del régimen constitucional de 1886. Aunque no supuso su eliminación, la Constitución Política de 1991 implicó por lo menos la atemperación de problemáticas sistémicas como un Estado confesional y un centralismo vetusto, y la implementación de fórmulas políticas y jurídicas que han permitido en buena medida la solución de situaciones de inequidad e injusticia social a lo largo de cinco lustros de experiencia constitucional. La instauración de un tribunal dedicado a la defensa del novel catálogo de derechos fundamentales, la inclusión enfática de principios como el pluralismo o la dignidad humana, y la adopción de un modelo de Estado Social de Derecho, son solo tres ejemplos de las múltiples innovaciones que la Asamblea Nacional Constituyente introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano.
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El ordenamiento territorial para la paz
(Universidad Externado de Colombia, 2016) Robledo Silva, Paula; Montaña Plata, Efraín Alberto; Ospina Garzón, Andrés Fernando
“La paz territorial” o la “territorialización de la paz” son expresiones que se oyen con frecuencia desde que comenzaron los diálogos de paz en la Habana- Cuba, tanto de parte de los representantes del gobierno, como de voces autorizadas por la academia o el periodismo; incluso se ha llegado a hablar de la necesidad de crear territorios de paz.
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Mecanismos de solución alternativa de controversias (ADR)
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2016., 2016) Ibagón Ibagón, Mónica Liliana; Benavides, José Luis; Moreno Cruz, Pablo
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Órganos judiciales competentes para resolver controversias contractuales
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2016., 2016) Ibagón Ibagón, Mónica Liliana; Benavides, José Luis; Moreno Cruz, Pablo
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Influencia internacional en la contratación estatal
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017., 2017) Benavides Russi, José Luis; Montaña Plata, Efraín Alberto; Rincón Córdoba, Jorge Iván
La contratación pública es un campo particularmente sensible a la influencia internacional. Los recursos importantes destinados a los proyectos públicos, su alto porcentaje de impacto en la economía nacional, las complejidades técnicas o las precariedades presupuestales son algunos de los factores más visibles por los que se acude a las empresas extranjeras en la contratación. Desde la construcción del ferrocarril en el siglo xix hasta las asociaciones público-privadas de cuarta generación contemporáneas, pasando por la exploración y explotación petrolera, con sus cambios de modelos contractuales, los complejos hidroeléctricos, la extracción masiva del carbón, los modelos de contratos de joint venture en telecomunicaciones o las distintas generaciones de concesiones, son ejemplos de proyectos contractuales con alta participación extranjera. La seguridad jurídica para la atracción de contratistas y capital foráneos, así como la influencia de modelos internacionales y la cada vez más fácil circulación de información y documentación, hacen de la contratación pública uno de los temas más sensibles a la globalización jurídica. Pero, al mismo tiempo, en la influencia internacional también es tema sensible la corrupción. Las mismas razones de importancia económica y atracción de inversionistas auspician los delitos transnacionales, que han salido a la superficie con tanta amplitud en época reciente, con trascendencia e implicaciones igualmente transnacionales.
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El regulador convergente. Ventajas y desventajas. La revisión de la experiencia del modelo del Reino Unido, México y Argentina de cara al nuevo regulador colombiano
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017., 2017) Ortiz Laverde, Sandra Milena
En el 2014, producto de las recomendaciones dadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el sector de las telecomunicaciones, dentro del proceso que está adelantado Colombia para el ingreso a esta organización, se consideró la conveniencia y la oportunidad de crear un órgano convergente para el sector de las comunicaciones electrónicas, no limitándolo al sector de las telecomunicaciones o al sector audiovisual exclusivamente, dando respuesta al fenómeno de la convergencia regulatoria desde el punto de vista institucional, siendo uno de los últimos aspectos a tener en cuenta para garantizar el desarrollo y evolución del sector tic, como un sector convergente, el cual es transversal a todas las actividades económicas del país. Por lo anterior, es necesario revisar desde el punto de vista institucional las implicaciones que traería para el sector TIC colombiano la creación de un solo ente regulador que cuente con independencia, autonomía y con unas competencias claramente definidas para este sector, así como las ventajas y desventajas derivadas de su creación, como lo son las modificaciones al modelo institucional vigente, para lo cual es necesario revisar el modelo comparado en aquellos países que han considerado oportuno crear un regulador convergente que integre a los sectores de telecomunicaciones y el sector audiovisual, así como la reciente experiencia del Reino Unido, México y Argentina que han creado reguladores convergentes y cuál sería el modelo más óptimo para Colombia.
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La planeación y la validez del contrato estatal
(Universidad Externado de Colombia, 2017) Expósito Vélez, Juan Carlos; Montaña Plata, Efraín Alberto; Rincón Córdoba, Jorge Iván
Dentro de las bases fundamentales de la contratación estatal, además de la transparencia, economía, celeridad, responsabilidad, publicidad, debido proceso, eficacia, eficiencia, entre otros principios propios, debemos enfocar nuestra atención en un principio que si bien no se encuentra consagrado de forma expresa dentro de la regulación legal de la materia, de manera sistemática, sí hace parte de los componentes esenciales de todo procedimiento de selección y contratación del Estado. Tal es la planeación o planificación del contrato estatal, que se configura como un presupuesto inherente al tema contractual de la Administración Pública no solamente en Colombia, sino de la misma forma a escala mundial, ya que la contratación de bienes y servicios es uno de los mecanismos, si no el único, por el que aquella desarrolla sus proyectos para cumplir con las finalidades propias de cada entidad, así como el concepto de Estado Social de Derecho.
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Encuadre sistemático de la regulación de telecomunicaciones en el esquema de fuentes del derecho administrativo colombiano
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017., 2017) Santaella Quintero, Héctor
Pese a no gozar de reconocimiento constitucional, la autonomía y especialidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (crc) existe y es un dato clave para la existencia de la regulación en el sector de las tic. Esto, debido a que el legislador, en desarrollo de la reserva de ley en materia de servicios públicos, definió y programó el ámbito de competencia de este órgano y tomó así una decisión que no solo configuró un ámbito positivo e inalienable de decisión en cabeza de aquella, sino que además delimitó una esfera en la que resultan vedadas las injerencias de otras autoridades. La competencia regulatoria expresamente atribuida por la ley a la crc excluye la posibilidad de que otra autoridad, con independencia de su rango, pretenda rivalizar con ella en el ejercicio de esa competencia. La norma regulatoria en materia de tic surge así como una norma subordinada a la Constitución, la ley, los decretos reglamentarios y la política gubernamental, pero dotada de un ámbito normativo propio, esto es, no residual. Por ende, resultaría contrario a la ley que el presidente de la República, en ejercicio de su competencia para reglamentar la ley, se tome atribuciones que no le corresponden y desborde la esfera de sus facultades adoptando decisiones de contenido regulatorio.
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Comentarios sobre la función de resolución de controversias en el sector de las comunicaciones en Colombia
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017., 2017) González López, Edgar
El presente ensayo busca responder a la pregunta de cuál es la autoridad administrativa y judicial que debe resolver las controversias en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, suscitadas entre proveedores de redes y servicios en el régimen de interconexión de sus redes. Lo anterior, dada la incertidumbre existente sobre el punto, en especial, por la interpretación que se ha hecho de la norma andina. Con este propósito, se analiza la documentación que revela la experiencia de la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos y la Office of Communications (Ofcom) de Inglaterra y, por otro lado, la ley y la jurisprudencia nacional, para concluir que es necesario promover un cambio que aclare el contenido de las normas andinas y nacionales, de tal forma que: i) se califique expresamente la función de resolución de conflictos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como una función exclusivamente regulatoria en el marco de sus competencias, ii) se reconozca expresamente la competencia de la Comisión y de los jueces y tribunales para resolver las controversias dentro del sector de las comunicaciones, pero diferenciando su ámbito de competencias, y, iii) se autorice expresamente al juez de conocimiento para que remita el proceso a la autoridad regulatoria, cuando el asunto verse y requiera previamente de un pronunciamiento técnico de carácter regulatorio. En lo que respecta al alcance de la potestad de resolución de controversias, se considera que, a la luz de las normas que irradian el marco y la finalidad de la competencia de la autoridad regulatoria, sería viable resolver el conflicto con una decisión que vaya más allá del petitum o lo reforme, aunque sometida a diversas salvaguardas y límites.
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Un especial análisis de la función de resolución de conflictos de la comisión de regulación de comunicaciones: efectos de la decisión del Tribunal Andino de Justicia
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones ; Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, 2017., 2017) Herrera Zapata, Luz Mónica
El presente artículo tiene como objetivo el estudio de la función de solución de controversias otorgada a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (crc) por la Ley 1341 de 2009 y la prevalencia del ordenamiento andino y sus efectos, en particular frente a un ente especializado en el marco de la interconexión. La normatividad andina y la ley nacional otorgaron al regulador la potestad de dirimir conflictos entre partes, por su idoneidad técnica y especializada, acompañado de un procedimiento ágil previsto para su resolución, en Colombia conferido a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los mecanismos que las partes acostumbraban acordar para resolver los conflictos, compartían espacios entre el arreglo directo, la mediación, la resolución del regulador, la justicia arbitral, y la justicia ordinaria, posibilidades que fueron restringidas a raíz de la sentencia del juez comunitario andino y las interpretaciones prejudiciales sobre la materia. El mandato andino y las posturas reflejadas en las interpretaciones prejudiciales, y la competencia legal del regulador colombiano para dirimir conflictos no se ha compaginado, para efecto de resolver diferencias entre operadores que vienen de años atrás, situación que ha generado incertidumbre y que ha traído consigo la necesidad de una modificación, en cuanto a competencia, estructura y funciones. Para alcanzar tal fin se abordará el marco normativo, luego un análisis de la jurisprudencia constitucional y de las interpretaciones prejudiciales y, por último, se determinarán algunos de los cuestionamientos y se hará una aproximación a un concepto reciente sobre la función, para proponer unas conclusiones sobre una posible solución.
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La financiación de contratos públicos: el modelo innovador de asociaciones público-privadas en Colombia
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018., 2018) Ibagón Ibagón, Mónica Liliana; Zapata Giraldo, Adriana
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El régimen territorial en la Constitución
(Universidad Externado de Colombia, 2018) Robledo Silva, Paula; Correa Henao, Magdalena; Ramírez Cleves, Gonzalo Andrés
Desde una perspectiva general, la historia del régimen territorial en Colombia puede dividirse en tres grandes períodos: el primero de ellos, marcado por el triunfo del centralismo, coincide con la primera mitad del siglo xix; el segundo momento, caracterizado por el esplendor y la derrota del federalismo, tuvo lugar en la segunda mitad del siglo xix; finalmente, el tercer período, en el que se asistió a una gran cantidad de reformas constitucionales que tuvieron impacto de diverso grado en nuestra ordenación del territorio, abarcó todo el siglo xx hasta la promulgación de la Constitución Política de 1991.
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La contratación estatal: particularidades alrededor de las entidades territoriales
(Universidad Externado de Colombia, 2018) Expósito Vélez, Juan Carlos
La contratación estatal está revestida de especial importancia en razón de su relación directa con la actividad de la Administración, a tal punto que hay un “innegable reconocimiento de los contratos administrativos, como una especie contractual disciplinada por reglas y principios de derecho público, que los distinguen de la contratación propia del derecho común”1. A decir de Gaspar Ariño, esa originalidad del derecho administrativo en materia contractual, o lo que es lo mismo, la sustantividad contractual de la figura en derecho administrativo2, está íntimamente relacionada con su naturaleza y con el momento mismo de su nacimiento, para lo que se debe acudir a la teoría de los actos de autoridad y los actos de gestión3, siendo estos últimos los contratos; y es allí en donde la calificación del derecho administrativo como derecho común de la contratación pública tiene capacidad de autointegración por medio de la analogía y sus propios principios informadores, incluso en los casos de laguna legal.
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Relaciones peligrosas: corrupción y captura del regulador por grupos de intereses
(Universidad Externado de Colombia, 2018) Zarate Pérez, Aníbal Rafael; Perdomo Villamil, Camilo; Henao, Juan Carlos; Zárate, Aníbal
La captura del regulador, antecedida de actos de corrupción, implica que se desvía del logro de equilibrios al interior de los dispositivos económicos y sociales en los cuales está llamado a intervenir. No solamente son corruptos los medios que se emplean para capturar al regulador, sino que, además, el producto regulatorio que luego adopta, al anteponer intereses específicos al interés general, constituye en sí mismo un acto de corrupción. Pero, ¿podemos aceptar la idea según la cual toda relación cercana entre el regulador y grupos de intereses es peligrosa? La participación de particulares en los procesos de decisiones públicas es un factor de legitimidad que insta al cumplimiento de la norma regulatoria. Más que aislar al regulador del sector regulado, se busca demostrar cómo, desde consideraciones orgánicas y de arquitectura de los reguladores, es posible potencializar los beneficios provenientes de la colaboración de los administrados sin aumentar el riesgo de captura.
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¿Existen aún prerrogativas públicas en el contrato administrativo?
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018., 2018) Benavides Russi, José Luis; Castaño, Daniel
El contrato administrativo clásico (de origen francés) se caracterizó por la presencia esencial de prerrogativas de poder público de la administración contratante. La evolución de la práctica del contrato (y tal vez incluso desde siempre) ha mostrado la relatividad de la oposición de esta condición frente al contrato comercial. Las distintas manifestaciones clásicas de las prerrogativas extracontractuales de la Administración (control, sanción del incumplimiento, modificación y terminación unilaterales), inherentes al contrato, aún sin texto que las estipule, ceden frente a la reforzada necesidad de incluirlas con estrecha definición en el contrato. Con fundamento en reglas constitucionales de habilitación de poderes unilaterales o con dinámicas del mercado que exigen seguridad jurídica, la Administración ve cada vez más enmarcados sus poderes en el contrato. Por su parte, el derecho comercial exige mayor dinamismo, y las tendencias y reformas se orientan al unilateralismo contractual, que le reconoce poderes directos al acreedor, con exigencia reforzada de un debido proceso. La aproximación de los dos contratos, administrativo y comercial, revela su carácter instrumental al servicio de valores públicos y privados cambiantes.
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El municipio en Colombia y las dificultades para su creación
(Universidad Externado de Colombia, 2018) Robledo Silva, Paula
El artículo 311 CP reconoce al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. Partiendo de la importancia dada por el propio constituyente a esta entidad territorial, el propósito de este escrito es analizar los requisitos previstos por la ley para su creación y el procedimiento dispuesto para ello.
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Competencia del juez constitucional colombiano para ejercer control de constitucionalidad sobre tratados públicos en vigor en el orden internacional
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018., 2018) Ibagón Ibagón, Mónica Liliana
Acceso abierto
Las asociaciones público-privadas (APP) en Colombia y en el derecho administrativo internacional
(Universidad Externado de Colombia, 2018) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando; Ibagón Ibagón, Mónica Liliana; Castaño Parra, Daniel Alejandro
El derecho de las app se edifica, en el modelo de derecho continental europeo de tradición francesa, sobre el pilar del derecho nacional; sin embargo, su comprensión no se restringe a los fundamentos y límites del derecho interno ni al influjo del derecho francés. La regulación de las app en Colombia también está influida por el modelo anglosajón de vinculación de capital privado a la gestión y actividad públicas y determinada por el derecho administrativo internacional.
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La especialidad relativa de la potestad sancionadora en materia de servicios públicos domiciliarios
(Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018., 2018-08) Zarate Pérez, Aníbal Rafael; Montaña Plata, Alberto; Rincón Córdoba, Jorge Iván
El control sobre los servicios públicos domiciliarios y otras industrias en redes es un modo de intervención especial, distinto de la policía general que tiene el Estado sobre la actividad económica. Por las altas inversiones en infraestructura y las fuertes dimensiones sociales y ambientales de las externalidades negativas y positivas en estas industrias, se argumentó durante un largo tiempo que dichos servicios debían ser asumidos por actores públicos. Sin embargo, los problemas crecientes en el modelo de prestación estatal de los servicios públicos domiciliarios hicieron palpables las ineficiencias derivadas de años de malas prácticas, observándose tarifas que no cubrían el costo de prestación, falta de continuidad y una baja cobertura y calidad en su provisión. Estos resultados suscitaron serios cuestionamientos desde la economía y la ciencia política sobre la capacidad de producción y planificación del Estado y acerca de los posibles efectos dañinos que la titularidad pública de estos servicios tiene como alternativa para corregir fallas en las industrias en redes. En el marco de las reformas emprendidas por diferentes países para hacer frente a estas críticas, el constituyente de 1991 optó por la apertura al sector privado de esa actividad económica y creó, por ende, un escenario de libre competencia para los servicios públicos.